El debate sobre la ecotasa turística llega a los municipios de la Costa Brava

Las olas del maremoto generado en las Baleares en torno a la implantación de una ecotasa que se cobrará a todos los turistas que visiten las islas han llegado a las playas de la Costa Brava. Muchos alcaldes de municipios costeros se muestran favorables a implantar un impuesto similar para sufragar los costos derivados de las infraestructuras y los servicios turísticos. La Generalitat apuesta por cambios fiscales que introduzcan nuevos "impuestos ecológicos". Y los hosteleros temen verse convertidos en "recaudadores de impuestos", y abogan por que la tasa, en caso de implantarse, implique a todos los sectores por igual.

El incremento de población que se produce en la costa durante el verano y la necesidad de los ayuntamientos de ofrecer buenos servicios a los visitantes es uno de los argumentos de los ediles que defienden la ecotasa turística.En época estival, por ejemplo, Roses pasa de 4.200 habitantes a 50.000; Tossa de Mar llega también a los 50.000 cuando su población no supera los 5.000, y Castelló d'Empúries crece hasta los 80.000 a partir de una población de 6.400 habitantes. Si se aplicase en Cataluña el proyecto de ecotasa de las Baleares, que pretende grabar con un euro (166 pesetas) diario a los visitantes de las islas, un municipio capaz de recibir unos 25.000 turistas al año, con una media de 10 días de estancia en el municipio, podría incrementar su presupuesto anual en más de 40 millones.

Existe un consenso generalizado en que este dinero debería invertirse en mejoras medioambientales, como el tratamiento de residuos, la limpieza de playas, la creación de zonas verdes e iniciativas con incidencia en la sostenibilidad. Entre los municipios que ven con buenos ojos la ecotasa figuran L'Escala, Llançà, Roses, Blanes, Lloret, Tossa y también el consejo comarcal de la Selva. El presidente de este organismo, Joan Puig (ERC), defiende la medida y pone como ejemplo impuestos similares en los países europeos. Puig se muestra partidario de estudiar el funcionamiento de la experiencia de las Baleares para adaptarla después a las peculiaridades de Cataluña.

Discrepancias

Pere Reixach, presidente del gremio de hosteleros de las comarcas de Girona, mantiene que la tasa no debería convertir a los hosteleros en "recaudadores de impuestos", sino que deberían buscarse otras fórmulas menos discriminatorias. "El impuesto debería cobrarse por la estancia en Cataluña, pero no en los alojamientos hoteleros, aunque reconozco que en Baleares esto resulta más fácil de controlar porque todo el mundo llega en barco o en avión", explica. Reixach opina que si se instaura este tipo de impuesto, las administraciones deberían encargarse de cobrarlo directamente y después distribuirlo. Entre las fórmulas que apunta Reixach para redistribuir esta tasa, se encuentra el control del incremento de residuos o el consumo de agua, índices muy fiables de la demografía.

El consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, teme que la aplicación en Cataluña de una fórmula similar a la de las Baleares, a la que define de "arbitraria y perjudicial", pueda derivar en una pérdida de competitividad del sector turístico catalán en relación con otras zonas de España. Puig defiende que la protección del medio ante la afluencia turística debe centrarse en la creación de "impuestos ecológicos", en la línea del canon de saneamiento de las aguas que actualmente cobra la Generalitat.