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Escuelas públicas con dueño JOAN SUBIRATS

Joan Subirats

Quizá nunca se había sido tan consciente de la importancia de la formación en el desarrollo personal y profesional de cada cual. La educación se ha convertido en un elemento central de las políticas activas de promoción del empleo, de lucha contra la exclusión, de integración y de cohesión social. Hoy, sin un nivel educativo mínimo (cada vez más alto) no logras, simplemente, acceder. Quedas fuera. Y gracias a la educación, en cambio, puedes tener opciones, mucho más de lo que nadie era capaz de imaginar en la estable y rígida sociedad industrial. Pero todo ello ha aumentado la tensión en las instituciones educativas clásicas. Muchos entienden que comprar una buena formación, hoy, es sinónimo de garantía de futuro, y si ello se hace además sin riesgos de heterogeneidad social, mucho mejor. Pero ello puede generar graves problemas de convivencia e hipotecar la cohesión social.Ante ese panorama resulta cada vez más evidente, desde mi punto de vista, que hemos de avanzar en políticas de fuerte contenido transversal y de fuerte presencia local si queremos responder a las exigencias de una sociedad que reclama capacidad de adaptación de las políticas públicas a las diferentes realidades sociales y personales existentes. Esa flexibilidad, esa capacidad de heterogeneidad desde la solidaridad, es difícil imaginar que se pueda dar mucho más allá del ámbito local. Debería avanzarse en la constitución de consejos territoriales educativos en los que estuvieran presentes y asumieran responsabilidades las instituciones y los agentes sociales de la zona, en una lógica de colaboración y asociación pública-privada, para abrir mucho más las instituciones educativas hacia el entorno social y económico en el que se insertan, y conseguir al mismo tiempo una responsabilización de la comunidad sobre el funcionamiento de las escuelas. No nos referimos sólo a la formación profesional, sino a todo el conjunto de la enseñanza obligatoria.

Podría empezarse con experiencias piloto en zonas donde ya existe una cierta predisposición a ello, pero confiriendo auténticas competencias y autonomía a esos consejos de zona o de comarca. Esa ha sido la línea emprendida en Gran Bretaña en los últimos meses, con las llamadas Education Action Zones (EAZ), que reúnen unas 30 o 40 escuelas (primarias y secundarias) de un territorio determinado. Uno de los objetivos básicos de la nueva iniciativa es "implicar a los padres y a las comunidades locales en la educación de nuestros niños y jóvenes, a fin de reducir la exclusión social y de desarrollar asociaciones efectivas a escala local para mejorar la calidad". Como se afirma en la documentación disponible sobre el tema, "la experiencia ha demostrado que los programas convencionales no funcionan en ciertos casos, y que sólo la implicación de los padres y de las comunidades locales puede ofrecer vías de avance (...). Los datos demuestran que el nivel aumenta con mayor rapidez cuando padres y comunidades locales se implican en la marcha de los centros (...). La gente del sitio es la que está en mejor situación para identificar los problemas y los retos a los que se enfrentan sus escuelas. Son ellos quienes saben mejor que nadie qué iniciativas conviene tomar, qué conviene financiar y qué vías de trabajo deben probarse". Para ello, el Gobierno británico establece un foro educativo local que reúne a todos los sectores implicados en el desarrollo local y en la educación (autoridades locales, padres, profesores, empresarios, comerciantes, sindicatos, asociaciones de vecinos, entidades y asociaciones cívicas, policía, autoridades judiciales...) con un profesional nombrado por el Gobierno que asume las labores de activación y coordinación, y con fondos especiales que gestiona el foro. Una parte sustancial de esos fondos proceden de la Administración central, pero una fracción de los mismos sólo resulta disponible si surgen otros fondos en la misma zona que demuestren con hechos y recursos la implicación de todos en el futuro educativo de la comunidad.

No es esa la única iniciativa que existe a escala internacional. Se han organizado experienciassimilares en Francia, aunque mucho más vinculadas a cuestiones de seguridad y mejora de la calidad en zonas deprimidas. Y también en Estados Unidos, desde una perspectiva mucho más autónoma de la sociedad civil, existe un fuerte movimiento que trata de buscar en la relación escuela-territorio elementos de vivificación común y de mejora cualitativa. La iniciativa en Estados Unidos lleva el significativo título de Communities in Schools (CIS), y se ha ido extendiendo por todo el país desde hace ya 20 años. En enero de este año abarcaba 1.500 escuelas en 292 comunidades, con más de un millón de niños y jóvenes implicados en sus actividades. Una de las ideas clave que han servido para extender la red es que son más las relaciones sociales que logran cambiar a la gente y formarla que los propios programas formativos.

Se trata, en definitiva, de un conjunto de propuestas tan discutibles como otras, pero que están animadas por un hilo común: avanzar hacia la superación de un modelo centralista y homogeneizador que, si bien ha podido tener sentido en los años de institucionalización autonómica, ahora es totalmente insostenible. Un material tan sensible como es la educación debería ser, cada vez más, responsabilidad de todos y, sobre todo, de los más cercanos, que mejor conocen que sucede y qué recursos se pueden movilizar para su solución. La Generalitat debe tener un papel clave en todo ello. A diferencia de lo que muchos quizá imaginan, su poder, su capacidad de influencia, se acrecentaría si en vez de dedicarse a apagar incendios y gestionar nóminas pudiera dedicarse a hacer política educativa de país. Unas escuelas públicas con dueño. Son escuelas en las que se sepa a qué atenerse, a quién dirigirse, y que cada comunidad, cada localidad o barrio sepan a quién concretamente se pueden pedir responsabilidades. Postulo, en definitiva, descentralizar y responsabilizar.

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