El Parlament pide la devolución de los archivos de Salamanca antes de seis meses

Se escribió ayer otro capítulo del culebrón sobre la demanda de devolución a Cataluña de los papeles de la Generalitat republicana depositados en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Todos los grupos del Parlament, salvo el PP, aprobaron una resolución que insta al Ejecutivo catalán a negociar con el Gobierno central el retorno de los documentos en un plazo de seis meses. El acuerdo se tomó a instancias del Partit dels Socialistes-Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC), cuya diputada Montserrat Duch, historiadora de formación, calificó los papeles de "botín de guerra".El del PP fue el único grupo que no se sumó al consenso de la comisión de política cultural, aunque no votó en contra de la proposición no de ley; se abstuvo. El conservador Francesc Vendrell argumentó que no merece la pena reabrir un asunto que volverá a crear problemas. A su juicio, el enfrentamiento por la devolución del archivo entre Cataluña y Salamanca es insoluble porque afecta "a las sensibilidades" de las personas. "Los ciudadanos de Cataluña ven las cosas de una manera y los de Salamanca, incluso los socialistas, de otra", señaló el diputado.

La polémica sobre la devolución de los documentos confiscados durante la guerra civil se remonta al 17 de marzo de 1995, fecha en la que el Gobierno de Felipe González acordó el retorno de los papeles a Cataluña. Esta decisión chocó con la oposición de los salmantinos, y también del PSOE y el PP locales, que salieron a la calle para protestar por la medida.

La socialista Montserrat Duch justificó la petición de la devolución de los archivos porque, dijo, se trata "de una cuestión de justicia y de legitimidad moral". La diputada recordó que los papeles se incautaron como "botín de guerra" y apoyó su demanda en el hecho de que hoy los avances técnicos permiten la informatización de los archivos, hasta el punto de que los investigadores ya pueden consultarlos incluso en Internet.

El diputado de CiU Joaquim Ferrer se declaró en sintonía con lo expuesto por Duch, pero le reprochó la poca sensibilidad que los gobiernos socialistas tuvieron en su día al respecto. Recordó que siendo senador en Madrid tuvo la oportunidad de plantear el asunto a tres ministros de Cultura de la etapa socialista, Jorge Semprún, Jordi Solé Tura y Carmen Alborch: "Los tres, en los pasillos, me daban la razón, pero ninguno movió un dedo".

El diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) Joan Boada culpó al PSC -con idénticos argumentos que Ferrer-, pero sobre todo a CiU, de que los papeles de Salamanca no hayan sido repuestos. "Ustedes", dijo a los nacionalistas, "han sido decisivos en Madrid durante los últimos años y, al parecer, este asunto no lo han considerado prioritario".

Vencedores y vencidos

Josep Bargalló, de Esquerra Republicana (ERC), aplaudió la calificación de "botín de guerra" utilizada por Duch para hablar de los archivos de la Generalitat. Añadió el diputado que "los botines de guerra no se devuelven hasta que no desaparecen las condiciones objetivas que provocaron la guerra" y advirtió de que si no se consigue que los papeles regresen a Cataluña "se mantendrán las condiciones objetivas y seguirá habiendo vencedores y vencidos".

La misma resolución insta a la Generalitat a impulsar la constitución del patronato del Archivo de la Corona de Aragón; el traspaso de la gestión y de la titularidad al Gobierno catalán de los fondos de dicho archivo, y de instituciones de titularidad estatal como el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y los archivos provinciales de Tarragona, Lleida y Girona.

La comisión acordó, también a instancia del PSC-CpC, pedir a la Generalitat la creación de un grupo de trabajo que analice vías legales -entre ellas, el artículo 150.2 de la Constitución- para lograr la transferencia a Cataluña de la titularidad de los equipamientos culturales pendientes. El PP volvió a abstenerse.