La pobreza de los recursos sanitarios públicos VICENÇ NAVARRO

Estos días hemos leído en la prensa que siete personas han muerto en los últimos siete meses esperando ser operadas del corazón en el hospital de Sant Pau de Barcelona, a causa de una prolongada lista de espera que para este tipo de intervenciones es mayor que el promedio español, que a su vez es mayor que el promedio de los países de la Unión Europea (UE). Quisiera felicitar al doctor Alejandro Aris, jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del hospital donde tales hechos ocurrieron, por haber informado a la población de lo que está pasando en su servicio. Sería de desear que otros profesionales del sector hicieran lo mismo porque, por desgracia, lo que ha pasado en el hospital de Sant Pau no es un caso único. Hay personas que están muriendo y enfermos que no están siendo atendidos a causa de una escasez de recursos en los servicios públicos sanitarios, realidad ignorada, cuando no ocultada, en este mensaje triunfalista de que España va bien y Cataluña, mejor. En realidad, España no va bien y Cataluña, en muchas áreas del Estado de bienestar que afectan la calidad de vida de la ciudadanía, como las listas de espera, va peor. Veamos.Hay dos indicadores que son muy importantes para definir el grado de compromiso político de los gobernantes de un país con el sector sanitario público. Uno es el gasto sanitario público como porcentaje del PIB y el otro, el porcentaje de población adulta empleada en dichos servicios. En ambos indicadores, España está muy por debajo del promedio de la UE. Nuestro gasto sanitario público total es del 5,6% del PIB, de los más bajos en la UE, cuyo promedio es el 6,8%. Pero la situación es peor. Si del gasto sanitario total excluimos el que corresponde a farmacia -España es uno de los países que en la sanidad pública tiene un mayor porcentaje de gasto en farmacia (el 20% de total) como consecuencia del poder que ejerce la industria farmacéutica-, se comprueba que el gasto sanitario español (4,2% del PIB) es el más bajo de la UE (OCDE. 1999).

Algo parecido sucede cuando se analiza el segundo indicador, el número de personas empleadas en el sector sanitario. Se mire como se mire, cuantificando las personas ocupadas por número de habitantes, bien sea por paciente, bien sea por su número total, el hecho es que en todos los casos el número de personas que trabajan en el sector sanitario es de los más bajos en la UE. Sólo el 2% de la población adulta en edad laboral trabaja en el sector sanitario público en España comparado con el 5% en la UE (Employment in Europe. Comisión Europea, 1999).

Esta escasez de personal y de otros recursos tiene un gran coste en la calidad de vida de la ciudadanía, y muy en especial de las clases populares, que son las que utilizan más estos servicios públicos. Los grandes tiempos de espera (en Cataluña incluso mayores en muchas intervenciones de gran importancia para explicar la calidad de vida de la ciudadanía, como son operaciones de cataratas, artrosis de rodilla, prótesis de cadera y otras), la masificación de los servicios, la frustración del personal sanitario por la carencia de infraestructuras, la infrautilización de los servicios públicos -como los quirófanos- debido a la falta de personal, etcétera, están basados en gran parte en la escasez de gasto público. La ida a la medicina privada de sectores de rentas superiores tampoco resuelve el problema, puesto que la calidad de la infraestructura y del personal es menor que en la pública.

Lo que sorprende a pesar de esta escasez de recursos es que el gasto público y social (incluyendo el sanitario) per cápita está descendiendo en España, y ello en respuesta a una moda política que acentúa la necesidad de disminuir tal gasto público a fin de competir exitosamente en la economía globalizada. Esta moda, que ha alcanzado la categoría de dogma, se reproduce constantemente a pesar de que no existe evidencia científica que la apoye. Otros países más integrados en la economía internacional y más competitivos que España, como los escandinavos de tradición socialdemócrata, tienen un gasto público y social mayor. Pero las modas políticas son como las de la ropa, cambian según los intereses económicos que configuran el gusto, en este caso, político. Siguiendo esta moda -y los intereses financieros que la promueven- estamos hoy viendo en España una reducción del gasto público que se está realizando a costa del gasto social, que ha descendido del 22% del PIB en 1994 al 19,9% en 2000, según las proyecciones del Gobierno español. José María Aznar ha señalado como uno de sus objetivos el reducir más el gasto público, uno de los más bajos en la UE. Es improbable que en ausencia de una presión popular el Gobierno cambie sus políticas.

Por desgracia, sectores de la oposición han aceptado las tesis de la Tercera Vía que rehúyen pedir un mayor aumento del gasto público, siguiendo el ejemplo de Tony Blair en el Reino Unido, quien se comprometió, al salir elegido, a mantener por dos años el porcentaje del gasto público del Gobierno neoliberal conservador anterior. Como consecuencia, el deterioro de los servicios públicos, incluyendo el Servicio Nacional de Salud (las listas de espera en el Reino Unido para mayores intervenciones quirúrgicas son de las más largas en la UE junto con las de España), ha sido muy acentuado, lo cual ha forzado a personalidades del sector sanitario a escribir cartas a los medios de comunicación, como la del doctor Aris, protestando por la escasez de recursos. Estas cartas, y otras protestas, han movilizado una presión popular que ha forzado una respuesta del Gobierno de Blair con una inversión considerable en el sector sanitario. No soy optimista sobre que en España o Cataluña ocurra lo mismo, porque ni el establishment político español ni el catalán son conscientes del deterioro del sector sanitario. Mientras, los ciudadanos de a pie continúan sin tener resuelto uno de los problemas mayores, la sanidad pública.