Mejor cuatro que tres.

La decisión del Consejo de Ministros de no autorizar la compra de la compañía eléctrica Hidrocantábrico por parte de Unión Fenosa provocará, sin duda, una intensa polémica. Sin embargo, es un paso razonable que puede explicarse ante la situación actual del mercado eléctrico en España. Desde un punto de vista político no hay duda: el Gobierno ha hecho uso de las facultades que le confiere la ley y ha actuado en coherencia con el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que había considerado improcedente la operación.Con esa misma coherencia, y en aplicación de la misma legalidad, el Consejo impuso ayer severas condiciones a la fusión de los grupos de distribución comercial Pryca, propiedad de Carrefour, y Continente, del que es propietario Promodes, condiciones que incluyen la venta de 12 espacios comerciales para garantizar la competencia en el mercado de las grandes superficies.

El veto a la operación Fenosa-Hidrocantábrico es justificable desde las circunstancias que rodean el mercado español. Desde el sector eléctrico se ha defendido fervientemente la tesis de que es preferible para la competencia contar con tres empresas grandes (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa tras la absorción de Hidrocantábrico) que dos grandes y dos pequeñas. Esto sólo sería aceptable si se estuviera operando sobre un mercado totalmente abierto y plenamente competitivo. Pero no es el caso. Las eléctricas españolas actúan sobre un mercado cerrado, en el que la pérdida de una sola de sus actuales piezas (Hidrocantábrico, en este caso) supondría un deterioro considerable de competencia, muy superior a lo que podría deducirse aparentemente de la pérdida de un operador.

El vicepresidente segundo del Gobierno parece haber aplicado este criterio de competencia, según el cual la concentración empresarial es un instrumento estratégico recomendable en mercados amplios y de probada transparencia; pero, por el contrario, es una herramienta perjudicial para los intereses de los consumidores cuando se pretende aplicar en mercados estrechos y opacos. Su afirmación de que el Gobierno defenderá la cifra de cuatro operadores en el mercado eléctrico y se opondrá a cualquier disminución del número de competidores mientras no cambien las condiciones legales y competitivas del mercado europeo debe ser entendida y apoyada como una interpretación plausible y acertada de la defensa de la competencia en el sector eléctrico.

Y esto es así incluso aunque la situación heterogénea de los mercados europeos, en los que se combinan sistemas muy abiertos, como el británico, con monopolios de producción y distribución, como el francés, haga prácticamente imposible esperar un mercado eléctrico único y transparente en la Unión Europea a medio plazo.

El Gobierno ganó el viernes una dosis de credibilidad para su política de defensa de la competencia; puede acrecentarla si la semana próxima presenta a la opinión pública un programa de reformas económicas profundas que impidan la existencia de mercados cautivos o acuerdos sobre precios entre empresas supuestamente competidoras. Pero el hecho de que en esta ocasión haya acertado y sus decisiones sobre Fenosa-Hidrocantábrico y Pryca-Continente constituyan un buen precedente no evita que el marco legal de la competencia en España siga aparaciendo como muy endeble, puesto que deja excesivo margen para decisiones discrecionales del Ejecutivo y se convierte en una fuente de inseguridad jurídica para las empresas.