La Universidad de Alicante elude la polémica sobre las lenguas oficiales

El anteproyecto para la reforma de los estatutos de la Universidad de Alicante no plantea grandes cambios. Más bien, persigue adaptar la normativa por la que se rige el cuerpo universitario desde hace 15 años al crecimiento experimentado por el campus en este período. Una de las modificaciones más importantes será la ampliación de la Junta de Gobierno, órgano en el que los alumnos además de voz tendrán voto. La reforma elude la polémica sobre la denominación de las legunas oficiales.

La propuesta de nuevos estatutos fue presentada ayer al Claustro de la Universidad, y el plazo para la presentación de alegaciones quedó fijado para el 23 de octubre. El rector de la Universidad, Andrés Pedreño, calificó la jornada de ayer de "histórica" por marcar el inicio de la reforma de unos estatutos que han permanecido inalterables desde hace 15 años. El Claustro nombró una comisión para analizar las propuestas, integrada por cuatro profesores, un ayudante, tres alumnos y dos representantes del personal auxiliar.Tras el conflicto surgido entre la Universidad de Valencia y el Consell, cuando Zaplana se negó a ratificar la reforma de sus estatutos porque el punto referente a la lengua reconocía "la cooficialidad de castellano y catalán", la Universidad de Alicante se ha curado en salud y los nuevos estatutos se limitan a afirmar que "las lenguas propias y oficiales de la Universidad serán las de la Comunidad Valenciana".

Herick Campos, ex presidente del Consejo de Alumnos y miembro de la Mesa del Claustro, adelantó que presentará una enmienda a la ampliación de la Junta de Gobierno, que recorta su representanción. Pese a que tanto los portavoces del alumnado como los de la Junta de Personal Investigador pasarán a tener derecho a voto (ahora sólo tienen voz), la representación de los estudiantes caería del 15 al 12%. La reforma de la Junta ampliará a ocho personas la representación del rectorado, que ahora cuenta con cinco miembros. Campos alegará también a favor otros derechos "básicos" para el alumnado, como el decidir colectivamente ir a la huelga.