Alarma en la sanidad
Al escándalo de unas listas de espera cuidadosamente escondidas bajo la ola de una propaganda que pretendía hacernos creer que habían desaparecido se ha sumado la increíble pretensión de la nueva ministra de Sanidad, Celia Villalobos, de que los españoles no se enteren de la realidad. Al escándalo sanitario se superpone, pues, uno político. ¿Qué concepto tiene la ministra del derecho a la información en una sociedad democrática para sustraer datos vitales sobre su salud del conocimiento de los ciudadanos? La ministra parece ignorar que la información de interés público no es propiedad ni de los periodistas ni del Gobierno, sino de los ciudadanos, que son los auténticos titulares de este derecho especialmente amparado por la Constitución. Ayer tuvo que rectificar.El sistema sanitario es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar en España, pero desde hace algún tiempo comienzan a aparecer preocupantes grietas en su estructura. Durante mucho tiempo hemos podido congratularnos de tener un sistema razonable, ciertamente mejorable en muchos aspectos, pero eficiente y seguro en lo fundamental. Ésta era al menos la percepción que tenía la población española de su sistema sanitario público, y así se ha venido reflejando en las encuestas que se han realizado periódicamente.
Pero las cosas están cambiando peligrosamente. La existencia de listas de espera para patologías por definición urgentes, como las del corazón, y los importantes retrasos en el diagnóstico de enfermedades tan graves como el cáncer, que estos días están emergiendo a la opinión pública, indican que el sistema sanitario comienza a fallar en aspectos muy fundamentales y nada accesorios. Cuando las urgencias están permanentemente saturadas y cualquier prueba de diagnóstico tiene una demora de meses, algo está fallando en la organización del sistema.
Desde hace un tiempo, los profesionales del sector vienen advirtiendo sobre las consecuencias que a largo plazo puede tener la progresiva descapitalización del sistema público. Ahora se está comenzando a ver que estas advertencias no eran vanas y que, si no se adoptan medidas correctoras con urgencia, podemos pagar un alto precio por ello.
En los años noventa, el sistema sanitario español ha sufrido un serio proceso de descapitalización, porque no se ha mantenido el ritmo de inversión que era necesario para garantizar la universalidad alcanzada en los años ochenta con el creciente nivel de calidad que exigen los ciudadanos. El gasto sanitario no ha crecido en la medida en que lo exigía una demanda alimentada por factores tales como el aumento de la esperanza de vida y el propio progreso de la medicina, que ha disparado las oportunidades clínicas, pero también los costes. El ejemplo del Reino Unido debería servir para conjurar los peligros que nos acechan. El país que había tenido el modelo más completo y exitoso de sistema público de salud observa ahora cómo se multiplican los desastres por el efecto de una reforma, la emprendida por Margaret Thatcher, cuyo principal efecto fue una brutal descapitalización del National Health Service. Esto es lo que debe evitar a toda costa que suceda la nueva ministra de Sanidad, Celia Villalobos, cuya primera actuación pública no podía ser más desafortunada. Cuantificar las listas de espera no sirve sólo ni principalmente para hacer titulares de periódicos.
El Ministerio de Sanidad ofreció finalmente ayer algunos datos, aunque sean cifras bajo sospecha, porque, en cuestión de listas de espera, las posibilidades de maquillaje son infinitas. Sería bueno que no sólo rectificase en cuestión de modales. El fondo es lo que importa. Y el fondo es que en los últimos años se ha producido un incremento del número de pacientes con afecciones graves que precisan una intervención quirúrgica y es urgente evaluar la dimensión de la demanda y arbitrar los recursos necesarios para atenderla. A ser posible, dentro del propio sistema sanitario público, cuyas posibilidades de optimización están aún lejos de agotarse.
Muchas de las deficiencias que ahora se observan son una herencia imputable a los antecesores de la actual ministra, tanto del Gobierno del PP como del PSOE. Pero cada día que pasa sin aplicar correcciones empeora los efectos. Por eso, si la ministra quiere evitar titulares desagradables como los que ha tenido que afrontar su homólogo británico, debe acometer con urgencia una revisión a fondo de la organización sanitaria y aportar los recursos necesarios para corregir sus deficiencias. Si España va bien, ¿por qué ha de ir mal la sanidad pública?
