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La desconfianza que preside las relaciones entre el Ministerio del Interior y el departamento homólogo del Gobierno vasco está teniendo efectos desastrosos para la eficacia de la lucha contra ETA. En los últimos días se han multiplicado los intercambios de acusaciones e insinuaciones. Esas arremetidas provocan confusión y desánimo en la ciudadanía, que tiene derecho a exigir de los servidores públicos más profesionalidad. De momento, una mejor coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza.El consejero vasco Javier Balza acusó el jueves al Ministerio del Interior de ocultar deliberadamente la información intervenida en enero pasado al comando Vizcaya de ETA sobre nueve jueces y magistrados con destino en el País Vasco. Al desmentido del ministerio ha seguido la acusación, más delicada, de que también se ocultó a la policía vasca, encargada de la protección de las personas amenazadas, información referida al dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado dos meses después de la captura del comando, en cuyo poder se encontraron datos sobre él. En lo que claramente parece una réplica por adelantado, el departamento que dirige Mayor Oreja ha acusado a la Ertzaintza de interferir diversas operaciones antiterroristas. Los datos ofrecidos por unos y otros se neutralizan, y lo único que de ellos se deduce con claridad es que la coordinación brilla por su ausencia, y que más que en solucionar ese problema existe interés en culpar de su existencia a la otra parte.

Algunos de los jueces afectados han reaccionado con indignación contra lo que consideran utilización política del problema, y han advertido de que con la publicidad a esta polémica se les está exponiendo más que protegiendo. La posible existencia de una vigilancia policial de Buesa de la que no había sido informada la Ertzaintza, encargada de protegerle, es el aspecto más delicado de la información ahora desvelada. Si fue así, es evidente que las cosas se hicieron mal. Y si las desafortunadas declaraciones de Balza durante la tregua y el contenido de ciertas circulares de su departamento explican la desconfianza política, no avalan su traducción en descoordinación operativa.

Tiene razón Mayor al sostener que no son asuntos para polémicas públicas, pero existe un organismo, la Junta de Seguridad, encargado de de la necesaria coordinación, y hace casi cuatro años que no se reúne. Es urgente convocarla. La seguridad de los ciudadanos no puede quedar supeditada a que haya o no una buena sintonía política o personal entre los responsables de los organismos encargados de garantizarla.