El PSE exige al Gobierno que ataje la actuación de los violentos en la enseñanza

El PSE ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Vitoria en la que solicita al Gobierno vasco que adopte medidas urgentes para atajar la actuación de grupos violentos del entorno de ETA en el sector de la enseñanza. El grupo socialista quiere así poner de relieve "la extensión de la acción totalitaria de ETA" en los centros educativos, que se expande "peligrosamente". El PSE reclama además al consejero de Educación, Inaxio Oliveri, "que no se limite a condenas puntuales"

La iniciativa reclama que se adopten de forma urgente las medidas necesarias para hacer frente a la "desestabilización" que causan los grupos violentos en la enseñanza y, al mismo tiempo, fomentar "un movimiento democrático de repulsa a la acción del terrorismo y sus presupuestos ideológicos".La parlamentaria socialista Isabel Celaá ha destacado que grupos minoritarios de apoyo a ETA "se vienen enquistando en los ámbitos educativos del País Vasco" mediante una presión constante sobre los estudiantes para provocar su desmoralización, la inhibición y la falta de compromiso político. "La acción totalitaria del entorno de ETA se está extendiendo peligrosamente en el sector de la enseñanza como sobre un territorio conquistado, imponiendo coactivamente sus objetivos y valores e imposibilitando por medio de la intimidación la aparición de cualquier otro movimiento estudiantil que suponga una alternativa crítica a sus posiciones", asegura la propuesta en su justificación de motivos.

La iniciativa recuerda el asalto de la Facultad de Económicas de Sarriko, el pasado día 11, por un grupo de encapuchados que agredieron a un estudiante que les increpó y señala que este incidente no es un hecho anecdótico, sino una muestra del deterioro en las aulas.

Celaá y el portavoz del PSE-EE en la Cámara vasca, Rodolfo Ares, firmantes de la proposición no de ley, proponen a la consejería que dirige Inaxio Oliveri la puesta en marcha de un plan de medidas "urgentes" para hacer frente a una "desestabilización de la enseñanza pretendida por grupos minoritarios".

Ambos parlamentarios advierten de que "no basta con denunciar los hechos" y piden al consejero de Educación que "vaya más allá y que no se limite en emitir condenas puntuales sin mayores consecuencias". "Las autoridades educativas tienen la obligación de hacer valer toda su relevancia institucional para implicarse activamente en la defensa de las bases mismas de la educación de las próximas generaciones, en un momento en que éstas se encuentran gravemente cuestionadas", constata la iniciativa.