La Vital quiere evitar "situaciones no deseadas" con su código ético

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Consejo de Administración de la Caja Vital anunció también ayer que la comisión ejecutiva está elaborando un código ético ("Reglamento de Funcionamiento y Buen Gobierno de los Órganos de Administración y Dirección de la Caja") para controlar "situaciones no deseadas por la entidad". El anterior presidente, el nacionalista Juan María Urdangarín, ya presentó un proyecto de código de conducta al Consejo de Administración sustituído a finales de marzo, pero fue rechazado por sus miembros, entre los que tenía una gran ascendencia José Antonio Gordo.

Como la propia entidad indica en su nota pública, con esta serie de medidas se trata de evitar circunstancias como las puestas de manifiesto el año pasado en una investigación interna. Se trata de diversas operaciones en que antiguos dirigentes de Caja Vital, José Antonio Gordo y alguno de sus socios pudieron aprovechar su aventajada posición con el fin de realizar operaciones inmobiliarias en las que salieron lesionados los intereses de la entidad de ahorro.

De hecho, entre los acuerdos en "defensa de los intereses de la entidad" ratificados por el consejo está el encargo realizado a un bufete por el Consejo de Administración para que rescate el segundo sótano del aparcamiento (50 plazas) del centro comercial Dendaraba. En 1991, Gordo consiguió irregularmente la cesión gratuita de su explotación por 35 años, ofreciendo a cambio el derecho de paso de vehículos de la caja al almacén de su oficina central de la calle Independencia. El año pasado se descubrió que las escrituras del inmueble ya recogían en 1988 esa servidumbre de paso en favor de la caja sin ninguna contraprestación. Así mismo, la creada Comisión de Auditoría, tiene encomendado "el seguimiento" y evitación de otras "situaciones" como las recogidas en la investigación interna que ordenó el anterior presidente de la Vital al conocer algunas de las operaciones de Gordo y su grupo.

1.450 millones a obra social

El Consejo de Administración, reunido el jueves, tomó también una medida importante, que ratifica el compromiso de Pascual Jover cuando tomó posesión de su cargo al frente de la caja, el pasado mes de abril. La entidad ha decidido destinar 1.450 millones de pesetas a la obra social, un 32% más que la aportación distribuida en el ejercicio pasado. Jover, apoyado en su candidatura por la Plataforma por la Pluralidad, constituida por el PP, PSE y UA, desplazó del control de la caja al PNV, que la había monopolizado hasta entonces, y fijó la obra social como una de sus prioridades. La asamblea general deberá ratificar esta decisión el próximo 16 de junio, en una convocatoria extraordinaria.

En su reunión del jueves, el Consejo de Administración creó diversas comisiones, además de la de auditorías. Las otras cuatro son: de obra benéfico-social, relaciones laborales, estrategia y convergencia informática.