La profesora que denunció a la URV, excluida de la selectividad

Josefina Albert, la profesora que denunció al rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) por prevaricación tras ser apartada de la corrección de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) por haber denunciado al Defensor del Pueblo la discriminación en las mismas de la lengua castellana, ha sido de nuevo excluida este año de las pruebas. La decisión, que se hará oficial en los próximos días, ha sido tomada por la comisión de las PAAU de la Generalitat, después de que la URV decidiera inhibirse sobre la idoneidad o no de la profesora.

La URV ha decidido no pronunciarse sobre la capacidad de Albert, a la que ya dio por no idónea el año pasado alegando que no había respetado las normas del Tribunal de Corrección sobre reparto de exámenes en catalán. Esta exclusión ha motivado que el rector Lluís Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, se enfrenten ahora a un proceso judicial por prevaricación. El fiscal pide para ambos ocho años de inhabilitación.La decisión ha corrido pues esta vez por cuenta de la Generalitat en el sentido de que Albert no corrija exámenes de selectividad hasta que no haya una resolución judicial en firme sobre el conflicto.

La trascendencia de la denuncia de Albert ha llegado incluso a modificar el propio funcionamiento de la selección de los profesores: si hasta el momento el nombramiento se hacía oficial tras la firma del rector, ahora será la propia comisión quien lo haga oficial. Según fuentes cercanas a la comisión, en estos momentos se está debatiendo si al resto de profesores excluidos también se les debe comunicar la decisión. Cada año suele haber entre 300 y 400 profesores que, pese a solicitarlo, son apartados de los tribunales de corrección.

El año pasado, Albert, así como el profesor José María Fernández, plantearon sus quejas porque no se les comunicó de forma oficial su exclusión de las pruebas. Fernández ha decidido este año no renovar su solicitud.

Tras las pruebas de selectividad de 1998, los dos profesores se dirigieron por separado al Defensor del Pueblo. Mientras Fernández se quejaba de una situación de discriminación del castellano, Albert se refirió a lo sucedido en el transcurso de uno de los exámenes, en el que, según su versión, un alumno le solicitó un ejemplar del cuestionario en castellano. Albert trasladó la petición al presidente del tribunal, quien le exhortó, según ella, a dar explicaciones orales al alumno pero le prohibió rotundamente entregarle el cuestionario en castellano. Pese a esta indicación, la profesora realizó fotocopias del ejemplar y lo entregó a dos alumnos. Según Albert, su decisión de recurrir al Defensor del Pueblo motivó su exclusión, no comunicada, de las pruebas de 1999, por lo que decidió interponer una querella. La universidad sostiene que no se produjo ningún incidente en las pruebas de 1998 y que, de haberlo habido, la profesora tendría que haber dado cuenta del mismo al presidente del tribunal.