Euro expiatorio

El IPC de abril (0,4%) es un mal mensaje para la economía española. La tasa anual se ha encaramado al 3% y la inflación subyacente (excluidos los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos frescos) sube también una décima, para situarse en el 2,2%. Desde comienzos de 1999, la inflación muestra una preocupante tendencia alcista que contrasta con la evolución de los precios en otros países del área euro, con los que compartimos intercambios, moneda y política monetaria. Un día antes de conocer el índice español, el de Alemania bajaba hasta el 1,5%, el de Francia se mantenía en el 1,3% e Italia lo reducía hasta el 2,3%.Francia y Alemania mantienen mayor apertura económica al exterior de la zona euro que España; se han visto, pues, expuestas a las mismas circunstancias, incluida la depreciación del euro. Por tanto, no cabe excusar el descontrol de la inflación en factores externos. Echar la culpa al euro es inaceptable. Los problemas los tenemos aquí y están identificados. Muchas de las soluciones se han expuesto ampliamente y cuentan con un vasto apoyo social. Los precios de los servicios españoles, que crecen a un ritmo anual del 3,3%, siguen mostrando gran resistencia a la baja y contaminando al resto de los sectores; como lo siguen haciendo los precios inmobiliarios, tributarios de unas cuestionables condiciones en la oferta de suelo.

Tampoco cabe atribuir la inflación española al mayor crecimiento de nuestra economía. El ritmo de expansión es algo superior al promedio del área euro, pero la diferencia ya no es tan elevada y, en todo caso, no tiene por qué traducirse en un diferencial de inflación tan amplio. Si no se reduce la brecha, la competitividad de nuestras exportaciones decaerá y se reflejará en más déficit comercial. La ausencia de reformas efectivas en los mercados no solamente permite las subidas de precios, sino que convence poco a poco a los agentes económicos de que esas reformas nunca se abordarán, con la consiguiente sensación de impunidad. Lo que cabe esperar de forma inmediata como consecuencia de esta desidia gubernamental es la revisión de rentas salariales y la pérdida de competitividad. El Ejecutivo, en mejores condiciones que antes por su fortaleza, debe actuar.