Prejuicios racistas

Como sucediera en El Ejido, los padres del colegio concertado San Juan Bosco de Barakaldo que han boicoteado la incorporación al centro a tres hermanos gitanos de 3, 7 y 8 años, aseguran que no tienen nada contra los niños ni el grupo étnico al que pertenecen, sino que su oposición a aceptarlos se debe "al comportamiento problemático de la familia". Sin embargo, nadie ha demostrado que sus padres sean conflictivos. Al contrario, tanto el Ayuntamiento como los profesores del colegio donde asiste el hermano mayor aseguran que se trata de una familia integrada que en absoluto puede calificarse de marginal.Es sólo aparente la paradoja de que este episodio se produzca en un municipio tradicionalmente receptor de inmigrantes. Así suele ocurrir. Los argumentos de los 438 padres que se oponen a la admisión de los tres niños (en la asamblea hubo 29 que votaron a favor de aceptarlos y 163 se abstuvieron) son poco convincentes, pero lo más criticable es la utilización de sus hijos en las acciones de protesta, implicándoles en el rechazo a unos niños que percibirán ya como diferentes y conflictivos.

Seguramente, el Departamento de Educación vasco erró al cerrar el 31 de marzo pasado, en pleno curso, el colegio-gueto del barrio de Retuerto, donde eran escolarizados 13 niños de etnia gitana. Las noticias de que lo hizo por la agresión sufrida por algún profesor no ha contribuido a facilitar su acomodo en otros centros del municipio. Pero esta posible equivocación de partida no legitima la postura llena de prejuicios de la mayoría de los padres ni su cerrazón a aceptar las garantías y medidas de apoyo ofrecidas por las autoridades y la asociación Iniciativa Gitana. Para reclamar una "educación sin problemas" para sus hijos no han vacilado en hacer lo contrario, negándose a reincorporarlos a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa y haciéndoles partícipes de un conflicto suscitado y alimentado por sus prejuicios. El Departamento de Educación, que ha advertido a los padres que no escolarizar a sus hijos es un delito que puede motivar la actuación de la Fiscalía de Menores, debe conjugar la firmeza y el diálogo. Pero anteponiendo a los prejuicios el derecho de los niños a una escolarización integrada.