El Ayuntamiento de Barcelona no pagará la fianza que ha impuesto el juez por el crimen de la Villa Olímpica
El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que no depositará la fianza de 200 millones de pesetas impuesta por el juez Adolfo Fernández Oubiña al declararlo responsable civil subsidiario de la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida el 1 de abril pasado en la Villa Olímpica tras recibir una brutal paliza por parte de un grupo de 10 jóvenes.Francesc Jufresa, abogado externo del Ayuntamiento de Barcelona, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona para anunciar que el consistorio recurrirá contra la decisión del juez, porque considera que éste ha interpretado equivocadamente la ley, y que agotará todas las vías judiciales posibles para hacer valer sus argumentos.
La presentación de esos recursos no paraliza la decisión judicial, por lo que Jufresa anunció que el Ayuntamiento utilizará alguna fórmula jurídica para no incurrir en responsabilidad penal por desobediencia.
La fórmula que el letrado planteó como más probable es que el consistorio dicte un decreto por el que se reservará una partida de 200 millones de pesetas para cubrir la fianza con cargo a alguno de los apartados del presupuesto municipal. De esta forma, el Ayuntamiento cumpliría la decisión del juez, pero sin recurrir a la forma más habitual de cubrir una fianza, es decir, la presentación de un cheque o de un aval bancario en el juzgado. El abogado municipal sostiene que, a diferencia de lo que ocurre con un particular o una empresa, al Ayuntamiento de Barcelona no se le podría embargar si no depositara la fianza.
PASA A LA PÁGINA 6
El consistorio de Barcelona alega que no es responsable único de la seguridad
VIENE DE LA PÁGINA 1 La resolución judicial emitida por el magistrado Fernández Oubiña basa la declaración de responsabilidad civil en que el Ayuntamiento de Barcelona no adoptó "las mínimas medidas de seguridad" para proteger una zona "tan conflictiva" como el Puerto Olímpico. El crimen se cometió poco antes de las ocho de la mañana en una zona de ocio nocturno y los implicados salían de una discoteca que había incumplido la normativa sobre horario de cierre.
El juez afirmaba en su auto que correspondía al consistorio ejercer la protección de la zona "en más que justa reciprocidad" a la "voracidad impositiva" del Ayuntamiento hacia estas salas de fiesta.
Frente a estas argumentaciones, el abogado del Ayuntamiento, Francesc Jufresa, considera que la decisión judicial no está amparada por la jurisprudencia. En opinión de Jufresa -que también tiene entre sus clientes al financiero Javier de la Rosa y al consejero Pere Macias-, la interpretación que realiza el juez en su resolución es "novedosa y desconocida", y contiene una "gran creatividad jurídica". El letrado tampoco ahorró calificativos para referirse al juez Fernández Oubiña, de quien dijo que "le gusta crear derecho, además de aplicarlo".
Otros responsables
El Ayuntamiento entiende que con los mismos argumentos con que el juez le declara responsable civil subsidiario por los hechos, se podría haber incluido también a la Generalitat de Cataluña, responsable de fijar los horarios de las salas de fiestas, y al Estado, porque la seguridad del orden público corresponde al Cuerpo Nacional de Policía y no a la Guardia Urbana de Barcelona. Y descalificó la resolución del juez por entender que no existe ninguna relación de dependencia jerárquica entre los 10 jóvenes procesados por los hechos y el consistorio barcelonés.
Francesc Jufresa explicó que el consistorio utiliza todos los medios a su alcance en los locales que resultan conflictivos por el incumplimiento de horarios y recordó que "ordenar su cierre no es una decisión fácil de adoptar porque no tiene demasiado amparo legal".
En la misma línea, recordó: "Durante los años que llevo ejerciendo como abogado, he defendido a varios cargos públicos acusados precisamente de prevaricación por clausurar establecimientos conflictivos".
El abogado municipal explicó durante su encuentro con el juez que la discoteca Back Fire, en cuyos alrededores sucedieron los hechos, acumula 55 denuncias por incumplimiento de horarios y tiene tres expedientes abiertos por diversas irregularidades.
