Una reforma contra el engaño de las mafias y el 'efecto llamada'

El Gobierno quiere abrir el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Extranjería en este primer periodo de sesiones de la VII Legislatura, que apenas dispone de cinco plenos hábiles antes de las vacaciones. La dirección del PP en el Congreso va a agilizar las negociaciones previas a la presentación del nuevo proyecto con todos los partidos, aunque se admite que es muy difícil que esa meta se pueda lograr en un plazo tan breve.El portavoz parlamentario de los populares, Luis de Grandes, admitió ayer que para su partido, y sobre todo para el Gobierno, empieza a resultar muy "urgente" la reforma de la ley, algo que había expresado horas antes, ante el plenario de los diputados del PP, el secretario general del partido, Javier Arenas. De Grandes justificó la premura de la reforma por los graves problemas que está causando, dice, el efecto llamada que ha desencadenado la nueva ley en algunos puntos especialmente sensibles de España, como Canarias y el Estrecho. Y puso el ejemplo del flujo constante de inmigrantes sin papeles que llegan en pateras, jugándose la vida, víctimas del engaño de redes mafiosas que les ocultan que la ley limita la regularización al 1 de junio de 1999.

El dirigente del PP garantizó la "voluntad" del Gobierno de mantener algunos de los aspectos positivos de la actual norma, particularmente "los apartados garantistas de los derechos y las libertades, que mejoran la anterior ley de 1985". Pero también dijo que todos los partidos, y particularmente sus socios CC y CiU, creen que la ley en vigor "es susceptible de mejora" en todo lo que suponga "controlar mejor los flujos migratorios" y en "no dar la imagen de que los mecanismos de conversión de la ilegalidad a la legalidad facilitan la existencia de mafias que invitan a los inmigrantes a acogerse a unas supuestas ventajas que la ley no da y que pueden ocasionar la muerte de algunos inmigrantes".

El anuncio de que la reforma de la ley se hará lo antes posible desencadenó ayer un llamamiento por parte de partidos, sindicatos y organizaciones sociales para que el PP no imponga su mayoría absoluta y opte por el consenso.