El Gobierno quiere endurecer de inmediato el procedimiento de legalización de inmigrantes

El nuevo Gobierno de José María Aznar se plantea como prioridad presentar en el Congreso antes de finales de junio, cuando acaba el periodo de sesiones, una reforma de la Ley de Extranjería para endurecer el procedimiento de legalización de inmigrantes. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, confirmó ayer, tras la toma de posesión de altos cargos en La Moncloa, que, como primera medida, el próximo Consejo de Ministros aprobará la creación de una Delegación del Gobierno de la Inmigración, dependiente de Interior y con rango de Secretaría de Estado. Su titular será Enrique Fernández-Miranda.

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, anunció ayer las prioridades del nuevo Gobierno, y no ocultó que en esta agenda, junto a la renovación del Pacto de Toledo -para garantizar el sistema de pensiones-, la reforma laboral y la elaboración de los Presupuestos de 2001, está la revisión, cuanto antes, de la Ley de Extranjería. La reforma de la justicia y la nueva financiación autonómica quedarán para más adelante.El Gobierno pretende afrontar esta tarea incluso antes del verano, pero no descarta tener que demorarla al ser su intención alcanzar antes un acuerdo, lo más amplio posible, con los grupos parlamentarios. La ley fue aprobada en la última sesión del Congreso de la anterior legislatura con la única oposición del PP, que entonces no disponía de su actual mayoría absoluta. "Ahora se dan unas condiciones que no se daban en diciembre. Entonces estábamos en vísperas de unas elecciones y todos los partidos actuaron con esquemas electoralistas", señalaron fuentes de la Vicepresidencia Primera.

Las mismas fuentes creen que ahora se dan buenas condiciones para renegociar la ley con CiU y Coalición Canaria -aliados parlamentarios del PP-, y con el PSOE. "Los acontecimientos de las últimas semanas, con la llegada masiva a las Islas Canarias de inmigrantes indocumentados y la proliferación de víctimas en el Estrecho, favorecen la necesidad de todos los partidos de reflexionar sobre esta reforma", argumentan las citadas fuentes. En España hay alrededor de 350.000 inmigrantes legalizados y una cantidad indeterminada de inmigrantes sin papeles o pendientes de regularizar su situación. Con la nueva ley pueden iniciar los trámites para regularizar su situación todos aquellos inmigrantes que hayan llegado a España antes del 1 de junio de 1999. Desde el 21 de marzo se han acogido ya a esta posibilidad más de 80.000 sin papeles.

El Gobierno admite que se puede mantener toda la parte de la ley referente al derecho de asilo y a las garantías legales de los inmigrantes. Sin embargo, cree necesaria la reforma de los mecanismos de legalización para evitar el denominado efecto llamada y la actividad de las mafias, que están fomentando la llegada masiva y clandestina de extranjeros. "Tiene que desaparecer el automatismo en la legalización de los inmigrantes que garantiza el permiso de residencia en España", afirman las fuentes consultadas.

Para empezar, el Consejo de Ministros aprobará el viernes la creación de la Delegación del Gobierno para la Inmigración, dentro de la nueva estructura del Ejecutivo. Tendrá rango de Secretaría de Estado, y su titular será Enrique Fernández Miranda, vicepresidente primero del Congreso en la pasada legislatura. Dependerá del Ministerio del Interior; su papel será coordinar la política de inmigración con los países europeos y las competencias que tienen repartidas en esta materia los departamentos de Exteriores, Trabajo, Justicia y Asuntos Sociales. Las competencias de Interior en el nuevo organismo serán las relativas a los permisos de residencia, los procedimientos de entrada en España, el control de fronteras y la seguridad.

La nueva Delegación del Gobierno para la Inmigración coordinará en materia de Exteriores todo lo relacionado con la cooperación internacional, la política común europea y los programas de formación concertados. Trabajo y Asuntos Sociales ostentará las competencias sobre empleo y condiciones laborales de los inmigrantes. Las cuestiones relacionadas con la política social, sanitaria y de vivienda serán responsabilidad de las comunidades autónomas.