Aznalcóllar crea un modelo
Hace dos años fue la balsa de Aznalcóllar (Sevilla); hace dos meses, una presa en Baia Mare, al norte de Rumania. La Comisión Europea ha tomado nota de los graves impactos medioambientales que pueden provocar los accidentes en depósitos de residuos mineros. Y ha constatado que la legislación comunitaria y el conocimiento científico es claramente insuficiente para prevenir y remediar este tipo de sucesos."Hemos iniciado una larga reflexión sobre la situación actual de las presas mineras en Europa, que seguramente desembocará en una nueva directiva", señalaron esta semana fuentes comunitarias. Un proceso en el que el trabajo científico desarrollado en el valle del Guadiamar será una referencia capital. "La Comisión ha reclamado nuestra opinión para un grupo de trabajo que analizará la contaminación industrial en los ecosistemas", explica Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana y uno de los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que ha participado en el seguimiento de las consecuencias del vertido tóxico en el entorno natural de Doñana.
El trabajo de técnicos de la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha permitido, en estos dos últimos años, rebajar considerablemente la intensidad de la catástrofe medioambiental. La retirada de los lodos piríticos ha sido casi completa (ha costado casi 15.000 millones a ambas Administraciones), y el impacto de los metales pesados (cinc, arsénico, plomo, muy nocivos para los seres vivos) infiltrados en suelos, plantas y animales está permanentemente vigilado por más de 200 científicos.
"Lo que se ha hecho aquí no ha ocurrido nunca", señala Ferrer. La amenaza sobre Doñana, una de las reservas naturales más prestigiosas del mundo, provocó una corriente de presión que llevó a ambas Administraciones a coordinar sus esfuerzos. El reto era insólito en Europa: la rotura de la balsa minera de la firma Boliden vertió sobre el valle dos millones de metros cúbicos de residuos mineros y una cantidad similar de agua ácida. En Bolivia, en el río Pilcomayo, ocurrió un accidente parecido en 1996. Nadie retiró los lodos piríticos, que siguen envenenando el valle.
El vertido de Baia Mare, que, a través del afluente Tisza, llevó unos 100.000 metros cúbicos de mercurio al Danubio, devastó la población de peces y dejó sin agua potable a 2,5 millones de personas, tiene algunas similitudes con el accidente de Aznalcóllar. Sobre todo porque tras el primer vertido hubo otras dos fugas en una balsa cercana, pero esta vez de metales pesados (20.000 toneladas de plomo y cinc).
Los técnicos de la Consejería andaluza de Medio Ambiente también han ofrecido su experiencia sobre metales pesados al grupo de la Comisión que analiza las causas de los accidentes ocurridos en el valle del Danubio. Pero las autoridades comunitarias están más interesadas en contar con su opinión y la de los científicos del CSIC (dependiente del Ministerio de Educación) para realizar un análisis global sobre la situación de las presas mineras.
"Quieren fijar criterios más rigurosos sobre los niveles de contaminación y detectar si hay amenazas similares en parajes naturales", detalla Ferrer. Para ello, escrutarán los programas científicos sobre el vertido tóxico, que seguirán al menos tres años más; la Consejería de Medio Ambiente los ha integrado en su proyecto de corredor verde en el valle del Guadiamar. "Es una experiencia que hay que exportar, también en procesos de contaminación minera lenta, que son frecuentes en Inglaterra y Alemania", explica Guido Schmidt, representante de Adena y miembro del comité asesor del proyecto.
Una apuesta política
"Transformar la mancha negra en verde". Con esta letanía, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, trató de enjugar el descalabro que produjo el vertido tóxico en la imagen del Gobierno autonómico. Su antiguo consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco (no está en el nuevo Ejecutivo), rescató una antigua idea de científicos y ecologistas (usar el valle del Guadiamar como pasillo ecológico entre Sierra Morena y Doñana), y se sacó de la manga un proyecto para crear un corredor verde."Al principio se vendió casi como un tubo que permitía pasar al lince de un lado a otro", admite Carlos Montes, catedrático de Ecología de la Autónoma de Madrid, y, desde hace unas semanas, coordinador del programa de investigación en el que colaboran unos 240 científicos del CSIC y universidades andaluzas. Pero en los últimos meses, el Gobierno andaluz se ha gastado más de 10.000 millones en comprar o expropiar unas 3.000 hectáreas de uso agrícola (hay ocho recursos judiciales contra la medida) y ha destinado otros 800 millones a garantizar la investigación científica en los próximos tres años.
El programa es algo más que el seguimiento del impacto de los metales pesados en suelos y seres vivos. "Aquí vamos a intentar la gestión integral de la cuenca, con un modelo de desarrollo sostenible en el que hay que integrar a la población local", refiere Montes. En el valle del Guadiamar viven más de 55.000 personas que tendrán que adaptarse a un entorno con un grado de protección ambiental mucho mayor.
"Este programa servirá para mantener la vigilancia", asevera Fernando Hiraldo, investigador del CSIC. El impacto de los metales pesados en las aves, uno de los tesoros de las marismas de Doñana, se ha reducido. Pero las investigaciones de Hiraldo, la bióloga Raquel Baos y el catedrático de Biología Molecular Felipe Cortés constatan daños genéticos en medio centenar de gaviotas que habitaron una zona muy contaminada por los lodos. Se calcula que murieron al menos 5.000 gansos entre los que hibernan en Doñana, y los efectos en rapaces muy amenazadas, como el águila imperial, "serán retardados y aún están por ver", advierte Hiraldo.
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