Vizcaya duda de la apertura por la UE de más expedientes a empresas

La Hacienda de Vizcaya aseguró ayer que no tiene constancia de que la Unión Europea esté investigando los incentivos concedidos a un total de nueve empresas, según se publicaba ayer en El Correo. Estas empresas se han beneficiado del crédito fiscal del 45% incluido en una norma de la Hacienda vizcaína que, en un principio, iba a ser derogada tras el pacto fiscal entre las administraciones central y vasca del 18 de enero. Tras la ruptura del pacto fiscal, la institución foral vizcaína decidió suspender el trámite de derogación. La Comisión Europea tiene abiertos expedientes contra estos mismos incentivos que también se concedieron en las mismas circusntancias a Bahía de Bizkaia Gas (planta regasificadora) y Bahía de Bizkaia Electricidad (central eléctrica a gas por ciclo combinado).

Fuentes de la Hacienda vizcaína afirmaron ayer que desconocen si la UE ha iniciado este proceso de investigación a los incentivos de las otras nueve empresas. Las mismas fuentes indicaron que desde la Unión Europea no se ha les solicitado, por el momento, ningún tipo de información relativa a las ayudas concedidas a estas compáñías.

Reunión en Bruselas

La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, se reunirá el próximo 10 de mayo con el comisario de la Competencia, Mario Monti, para explicarle el pacto fiscal suscrito entre los gobiernos central y vasco y las gestiones que se están realizando para solucionar los problemas que han surgido posteriormente en torno a su ejecución en Vizcaya. Tras la firma del acuerdo fiscal el Ejecutivo se vio en la necesidad de dar a conocer a las instituciones comunitarias los contenidos de ese pacto. Este acuerdo entre ambas administraciones permitió archivar la cuestión prejudicial planteada en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las denominadas vacaciones fiscales.

Sin embargo, a pesar del acuerdo alcanzado, sigue en marcha el expediente de infracción general que en julio de 1999 la Comisión Eueropea abrió contra dos normativas vascas que recogían, por un lado, el crédito fiscal del 45% para las inversiones superiores a 2.500 millones y por otro las llamadas minivaciones fiscales, que consistían en la reducción en la base imponible de un 99%, 75%, 50%, y 25% durante cuatro años, a partir del primero con beneficios para las empresas de nueva creación.

Tanto el crédito fiscal como las minivacaciones eran dos de las cuestiones que el pacto señalaba que debían ser derogadas en los tres territorios. En el caso de Álava y Guipúzcoa así ha sido, pero en Vizcaya, tras las últimas divergencias suscitadas con el Gobierno central, todavía no han sido suprimidas. Desde el Gobierno se considera que no tiene sentido que la Comisión Europea mantenga el expediente de infracción general contra las normas que se están eliminando.