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La oposición afea al PP su decisión de vender suelo municipal para viviendas al mejor postor

La oposición municipal PSOE-Progresistas e IU criticó ayer duramente la política de vivienda del gobierno municipal, que consiste en la venta de suelo público residencial al mejor postor. El PP justificó su actuación como fuente de ingresos para financiar sus políticas sociales. El gobierno municipal ejerció su mayoría sin atender apenas a las propuestas de la oposición. Así, rechazó las referidas al incremento de la seguridad de los parques infantiles, que considera aceptable; al incremento de empleo para discapacitados en el Ayuntamiento y a la creación de consejos locales de la mujer.

Sólo tres asuntos pudieron ser consensuados ayer entre el equipo de gobierno y la oposición en el pleno de la corporación municipal, de ocho horas de duración, celebrado en la Casa de la Villa:- Erigir en un parque madrileño un monumento a la memoria de todas las víctimas del holocausto nazi, a propuesta de Inés Sabanés, de Izquierda Unida.

- Atribuir el nombre de Gloria Fuertes a un parque en Chamartín.

- Endeudar a la Empresa Municipal de la Vivienda para construir casas.

La jornada se vivió en los bancos del equipo municipal de gobierno con la atención puesta en otro sitio, por el entonces inminente anuncio de la composición del nuevo Gabinete ministerial. El primer teniente alcalde, Juan Antonio Gómez Angulo, comensal en fecha muy reciente en una cena con el presidente del Gobierno, José María Aznar, así como el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se mantuvieron atentos a sus teléfonos móviles con un tenso rigor. Una suave agitación se apreciaba también en el rostro de Mercedes de la Merced.

Pero la pedrea ministerial no rozó al Consistorio madrileño. Enfrascado en otras lides, el equipo municipal del Partido Popular aplicó una suerte de rodillo y, con buenas maneras, pero contundentemente, rechazó la casi totalidad de las propuestas de la oposición.

Justo Calcerrada, de Izquierda Unida, abrió el fuego con una crítica directa a la política de suelo seguida por el PP en el municipio y que, según explicó, consiste en sacar a subasta lotes de suelo municipal. La iniciativa privada los adquiere al mayor precio posible y construye luego sobre ellos casas muy caras. Con ese dinero, el gobierno municipal asegura que ejecuta otras políticas que considera públicas y con proyección social.

"Ustedes", dijo Calcerrada, "dejan a los tiburones urbanísticos la almendra central de Madrid y sólo construyen viviendas sociales y para los jóvenes en los nuevos barrios de la periferia", señaló. "Deben cambiar de estrategia, porque con la venta de ese suelo al mejor postor no consiguen los objetivos del Plan General, que eran abaratar la vivienda y satisfacer la demanda". Calcerrada proponía que en vez de ser subastados estos terrenos del patrimonio municipal, valorados en 5.000 millones, fueran usados para levantar sobre ellos viviendas sociales y de alquiler para jóvenes.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, recibió estoicamente las críticas de Calcerrada y las de la portavoz socialista, Matilde Fernández: "Liberalizar el suelo no significa abaratarlo", le espetó Fernández. "Usted, que presume de ser un buen liberal, reflexione y desdígase", añadió la concejal, quien también reivindicó viviendas para jóvenes, para mayores, mujeres solas e inmigrantes. Del Río replicó con aplomo: "Nos interesa mucho que los jóvenes puedan vivir en la almendra central para que no la abandonen y creen una quiebra sociológica que lo deje poblado sólo de personas mayores". Exhibió un dato: "Nuestra política de precios en las viviendas es mejor que en Barcelona". Y añadió: "No podemos hacer una política de vivienda basada en la beneficencia", dijo el concejal de Urbanismo. Inmediatamente después, Matilde Fernández le pidió que retirara esa palabra, "por inconstitucional", según dijo. "En vez de beneficencia hay que hablar de cobertura, por parte de los poderes públicos, de las necesidades básicas de la población".

"Es la oposición quien quiere hacer beneficencia", replicó Del Río. "Nosotros no vamos a hacer transferencias a particulares de patrimonio público, porque ese señor (al que pretenden beneficiar) se verá beneficiado por la Empresa Municipal de la Vivienda o por el mercado".

Julio Misiego atacó la política del PP en áreas como Méndez Álvaro y le acusó de desindustrializar la ciudad. "La industria, que es una forma de trabajo, es parte también de la vida de una ciudad, con el ocio, la cultura y otras manifestaciones", dijo el edil. "Con su política, están haciendo que los dueños de empresas se dediquen a realizar plusvalías, en perjuicio de los trabajadores". Del Río salió al paso: "No estamos contra la industria, sino contra una forma obsoleta de industrialización".

Marisa Castro, diez años concejal de IU, ahora diputada nacional electa, se despidió emocionadamente del Consistorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 2000

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