Cataluña crea una autoridad audiovisual con voluntad de que sea independiente

Un aluvión de autofelicitaciones de todos los grupos parlamentarios acogió ayer en el Parlamento catalán la creación del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Se trata de un serio intento de aplicar, por vez primera en España, el modelo de autoridad reguladora del sistema audiovisual independiente del Gobierno vigente en otros países del más próximo entorno europeo. El Gobierno catalán se ha reservado, sin embargo, la última palabra en algunas potestades políticamente relevantes, como la concesión y renovación de frecuencias de radio y televisión.

El nuevo CAC tendrá funciones ejecutivas y sancionadoras y sustituirá al creado en 1996 como organismo asesor. La ley, que fue aprobada por unanimidad en una votación a la que asistía Jordi Pujol, le atribuye velar por el respeto de los derechos y las libertades en los medios de comunicación audiovisual. Y, especialmente, garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la programación y la publicidad, de las condiciones de concesión de licencias y de la observancia de la normativa europea. También es el encargado de "velar por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural" en el conjunto del sistema audiovisual de Cataluña y por "la neutralidad y honestidad informativa".Para ejercer estas funciones la ley define al CAC como un ente público de carácter institucional, con personalidad jurídica propia, independiente de las administraciones públicas y autonomía orgánica y funcional. Los diputados que han elaborado el proyecto destacan que la ley le otorga tanto la independencia formal como los medios para que pueda ejercerla sin cortapisas. Estará integrado por nueve consejeros nombrados por el Parlamento catalán a propuesta de por lo menos tres grupos parlamentarios y elegidos en una votación de dos tercios de la Cámara. El presidente será designado por el Gobierno catalán, y será su décimo miembro.

El mandato de los miembros del CAC será de seis años, y cada tres se procederá a la renovación de la mitad. No podrán ser reelegidos, salvo los que sean relevados transcurridos los tres primeros años de existencia del consejo. Tampoco podrán ser destituidos y estarán sometidos a un severo régimen de incompatibilidades, que en la práctica sólo les permite hacer compatible esta función con la docencia.

Aunque se basa en el modelo francés, la ley catalana no otorga a este consejo algunas de las más importantes facultades en la gestión del sistema audiovisual, como habían pedido los medios profesionales catalanes: la concesión de frecuencias de radio y televisión y el nombramiento del director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), que engloba a TV-3 y las emisoras de radio de la Generalitat. Estas facultades han quedado en manos del Gobierno catalán.

Respecto a la concesión de frecuencias, el CAC intervendrá en dos momentos: emitiendo un informe preceptivo sobre las condiciones de los concursos de concesión y otro también preceptivo sobre las ofertas que se presenten. En particular velará para que la composición accionarial de los licitadores "garantice el pluralismo y la libre competencia en el sector, previendo situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante". Informará igualmente sobre los expedientes de modificación de capital social de las empresas concesionarias y los de transmisión de las concesiones.

Las facultades que el Gobierno catalán se ha reservado provocaron que la aprobación de la ley del CAC fuera acogida ayer con cautela por los medios profesionales que han presionado para despolitizar y alejar del Gobierno catalán y de los partidos la gestión de los medios audiovisuales públicos. El Sindicato de Periodistas de Cataluña calificó el proyecto de avance "limitado". Y destacó que la reivindicación profesional, en línea con lo propuesto por el Colegio de Periodistas de Cataluña, era que el CAC nombrara al director general de la CCRTV, otorgara las licencias de radio y televisión y su composición estuviera libre de las "cuotas de partido".

El sistema de elección del consejo fue también criticado por Lluís de Carreras, presidente del viejo CAC, quien afirmó que se mantiene la influencia de los partidos y del Gobierno en el consejo y que eso le impedirá ser independiente. Carreras agregó que no espera ser propuesto para presidir el nuevo CAC. Medios de CiU apuntaban el nombre de Josep Gifreu, profesor de la Universidad Pompeu Fabra.