Un modelo sin precedentes en España, aunque todavía alejado del francés o del estadounidense
El enfrentamiento entre el PP y el PSOE fue la principal causa del fracaso en el intento de constituir una autoridad audiovisual en España, separada del Ejecutivo, que se llevó a cabo durante la legislatura anterior de las Cortes Españolas. Existía una base para ello, que fue la iniciativa de todos los grupos representados en el Senado durante la legislatura 1993-1996 que, bajo la coordinación de Victoria Camps, recomendaron la creación de un Consejo Audioviosual de este tipo. Pero a la hora de regularlo resultó imposible. En consecuencia, la legislación audiovisual vigente en España sigue concentrando en el Gobierno todas las capacidades: dar y retirar licencias, nombrar al director de RTVE o controlar y sancionar todo lo relacionado con contenidos audiovisuales y con el cumplimiento de normas sobre publicidad.El modelo aprobado en Cataluña, aplicable sólo a las competencias audiovisuales de la comunidad autónoma, se separa del que rige en el conjunto de España, al hacer más independiente parte de esas funciones. Aun así, no avanza tanto como el estadounidense o el francés.
Así, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regula desde 1934 las comunicaciones por radio, televisión, cable y satélite. Está dirigida por cinco comisionados, a los que nombra el presidente de Estados Unidos, previa aprobación de sus nombres por el Senado. Las designaciones son por cinco años, pero está establecida la renovación anual de uno los puestos. Otorga licencias de ocho años a estaciones de radio y televisión y determina por sí misma si merecen renovarlas en función de que hayan servido al "interés público". No hay supervisión de programaciones.
A diferencia de Estados Unidos, en Francia, el Consejo Superior de lo Audiovisual, creado en 1989, vigila todo lo relacionado con las programaciones (protección de la infancia y otros temas), puede suspender programaciones, en todo o en parte e incluso está capacitado para imponer una sanción muy original, que consiste en establecer una pantalla negra de uno a diez minutos. Esta autoridad audiovisual es un órgano de nueve miembros, nombrado, por tercios, por los presidentes de la República, de la Asamblea y del Senado. Además, nombra al presidente de la radio y televisión públicas.
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