El Supremo y Piqué

En vísperas de la formación del nuevo Gobierno, el horizonte judicial del ministro Josep Piqué en el caso Ercros-Ertoil sigue sin despejarse. Si el interés del fiscal general del Estado al bloquear el dictamen acusatorio del fiscal Bartolomé Vargas fue dejar libre de sospechas al ministro para cuando llegara ese crucial momento político, su fracaso no ha podido ser más rotundo. Dentro de pocos días el presidente Aznar deberá sopesar si incluye en el primer Gabinete de la nueva legislatura a un ministro del que no está descartada su posible comparecencia como inculpado ante la Sala de lo Penal del Supremo.De momento, el Supremo ni asume su competencia en el caso Ercros ni la descarta. Tomará una decisión cuando la juez Teresa Palacios -que investiga en la Audiencia Nacional la venta de la petrolera Ertoil por Ercros en 1991- determine el destino dado a los 41.000 millones de pesetas de la operación y aclare el papel desempeñado en la misma por Piqué, entonces directivo de ese grupo de empresas de Javier de la Rosa. Hace algunos días, el Supremo ya adelantó que la clave para quedarse o no con el asunto está en saber el destino que se dio a ese dinero, cuyo ingreso en las cuentas de Ercros -empresa que presentó suspensión de pagos un año después de la venta de Ertoil- coincidió con "varias salidas" de esas mismas cuentas sin que se conozca su destino. Palacios ha informado al Supremo de que seguirá investigando -cosa nada fácil, dada la complejidad de las operaciones financieras a varias bandas-, mientras el fiscal del caso sólo puede certificar el papel "muy activo" de Piqué en la operación.

A la espera de datos firmes sobre los que pronunciarse definitivamente, el Supremo ha devuelto al juzgado de Barcelona la causa por supuesto alzamiento de bienes durante la suspensión de pagos de Ercros en 1992, pero sólo a efectos de no causar indefensión a los presuntos perjudicados. Se queda con copia certificada de los autos, al no descartar su competencia a tenor de lo que resulte de la investigacion de la juez Palacios. La situación de Piqué no es ciertamente cómoda, supeditada como está a un tiempo judicial que no coincide en absoluto con el político. Sin duda, la extrema complejidad de una operación como la venta de Ertoil no sólo perjudica a sus posibles víctimas, sino a sus propios artífices si la justicia quiere investigarla a fondo. La dificultad de hacerlo no facilita una actuación judicial rápida. Salvo que los jueces se avengan a dejar cabos sueltos.