La URV asegura que no hay testigos que avalen a la profesora sancionada

La Universidad Rovira i Virgili (URV) emitió ayer un informe sobre el proceso judicial abierto contra el rector Lluís Arola, acusado de prevaricación por haber apartado de las pruebas de selectividad a la profesora Josefina Albert, que repartió dos ejemplares del cuestionario en castellano. La URV niega ahora los hechos, después de haberlos asumido durante meses, y anuncia el argumento de la defensa del rector al asegurar: "Nadie, con excepción de la señora Albert ha presenciado los hechos denunciados".

"Ante la desproporcionada difusión que ha tenido este hecho", advierte el informe, la URV asegura que la única constancia que tuvo de la existencia de incidentes durante las pruebas de acceso a la Universidad de 1998 fue a través del Defensor del Pueblo, que se dirigió a la URV para reclamar información por las quejas de dos profesores, que denunciaron la discriminación del castellano en los exámenes. El Defensor del Pueblo, señala la URV, les indicó: "Los presidentes de los tribunales en los que participaron recibieron la orden de no repartir los pocos ejemplares de las pruebas impresos en castellano y, como consecuencia de ello, a dos alumnos del tribunal número uno se les denegó la solicitud de obtener un ejemplar".La URV niega ahora tajantemente que se produjera alguna irregularidad en las pruebas de selectividad, dice que en las actas no constó queja alguna formulada por los alumnos, y sentencia: "Nadie, a excepción de la señora Albert, ha presenciado los hechos denunciados".

La universidad puntualiza que, de ser cierto lo que la profesora Albert asegura , ésta tendría que haber denunciado los hechos al presidente del tribunal para evitar problemas a los alumnos. La profesora, por el contrario, mantiene que no podía quejarse al mismo presidente que le había conminado a que "bajo ningún concepto entregara los cuestionarios en castellano", y que si se dirigió en primer lugar al Defensor del Pueblo fue porque, asegura, "si acudía al rector me jugaba que no me volvieran a convocar".

Sin embargo, cuando el caso salió a la luz pública, la URV explicó que los dos profesores que habían denunciado la discriminación del castellano fueron apartados porque no cumplieron con los pasos que se debe seguir en caso de que algún alumno después de recibir el cuestionario en catalán hubiera expresado alguna duda. De acuerdo con la normativa, en ese caso el profesor debe tratar de aclarar las dudas del alumno de forma oral. Sólo si éste sigue sin comprender los enunciados, debe entregársele un ejemplar en castellano.

Ahora, sin embargo, el informe de la URV indica que la exclusión de los dos profesores se llevó a cabo "en uso de la discrecionalidad legal que tiene para decidir los nombramientos", y se debe a que aquéllos no se dirigieron al presidente del tribunal cuando observaron irregularidades.

Campaña política

La universidad admite que en principio la comunicación de la exclusión se hizo de forma oral y, posteriormente, por escrito, y que ésta la firmó el profesor coordinador de las pruebas, Joan Igual, que también está involucrado en el caso y para el que la fiscalía demanda asimismo ocho años de inhabilitación. La URV alude a la posibilidad de que la institución sea víctima de una campaña política en su contra al recordar que Albert tiene un abogado de una agrupación presidida por el conservador Aleix Vidal-Quadras.

Los abogados de la URV, en el recurso de queja que interponen contra la apertura de juicio oral decretado por el titular del juzgado número 3 de Tarragona, se refieren también a la falta de pruebas existente en el caso, así como a la ausencia de testigos o quejas registradas por los incidentes en la selectividad.

La apertura de juicio oral y la suspensión del reglamento de usos lingüísticos de la URV ha supuesto el inicio de las movilizaciones en apoyo del rector por parte de los estudiantes.