Tarancón recurre ahora a un acuerdo de la Universidad para frenar los Estatutos

La espiral en que se ha metido el Consell para justificar el bloqueo a la reforma de los Estatutos de la Universidad de Valencia, tras dos años y medio de silencios y dilaciones, forzó ayer al consejero de Educación, Manuel Tarancón, a desempolvar un acuerdo de 1997 de la junta de gobierno por el que el conocimiento del valenciano se valora como mérito de promoción para "justificar el reparo del Gobierno a la redacción del artículo 167 de los Estatutos".

El acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad de Valencia del 21 de octubre de 1997, que levantó polvareda entre los sectores más derechistas, dice textualmente: "Para la valoración de las solicitudes de plazas de promoción del personal funcionario que tenga cuatro años de antigüedad como personal docente o investigador en la Universidad de Valencia, el conocimiento del valenciano se incorporará como mérito". Cualquier profesor que sea funcionario de carrera, por tanto, no tiene ningún problema con el requisito lingüístico: el conocimiento del valenciano en una comunidad bilingüe se considera un mérito a la promoción interna y no un motivo de despido.Para el caso de los profesores o investigadores contratados, una figura que da a las universidades españolas la capacidad de contratar al personal que le sea más útil para cada departamento o área, el punto de acuerdo dice: "Para las renovaciones de los contratos o solicitudes de cualquier plaza de promoción de personal contratado, que tenga cuatro años de antigüedad como personal docente o investigador en la Universidad, se habrá de acreditar el conocimiento del nivel medio de valenciano". Lo que significa que cualquier contratado tiene cuatro años por delante para el aprendizaje medio de otro de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. Algo que, por demás, es requisito para acceder a la Administración pública.

La rocambolesca explicación de la Generalitat, ahora, tras dos años de "silencio administrativo" y con un argumento que no tiene nada que ver con el artículo 167 de los Estatutos fundacionales de 1985 [que cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico Consultivo] y que, además, tampoco tiene nada que ver con la reforma estatutaria que el Gobierno de Zaplana tenía que revisar [una reforma de carácter académico aprobada por el claustro universitario en noviembre de 1997] añaden más confusión al conflicto. La respuesta oficial, a juicio del rector Pedro Ruiz, "llega tarde" y "hace una lectura equivocada" del ya famoso artículo de 1985.

El PSPV, Esquera Unida y el Bloc sólo ven una explicación "política" a esta avalancha de justificaciones después de dos años de "silencio administrativo", que han acabado por aprobar la reforma automáticamente, aunque no puede aplicarse hasta que el Consell no la publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.