Zabalgarbi amplía su capital social en 600 millones y alcanza ya los 2.800

Zabalgarbi, la promotora de la incineradora de basuras en Vizcaya, ha ampliado su capital social en 600 millones de pesetas, con lo que asciende ya a 2.800 millones. La junta de accionistas aprobó el pasado martes la ampliación, que se repartirá proporcionalmente entre sus ocho accionistas, varios de ellos instituciones públicas. Mientras, los últimos trámites para el inicio de las obras de la incineradora se alargarán más de lo previsto por las más de 200 alegaciones presentadas, que han procedido de 11 colectivos.

La empresa que desde 1993 promueve la instalación que generará electricidad por la combustión de la basura doméstica pretende llegar hasta los 4.200 millones de capital social. Por ello, las ampliaciones seguirán hasta alcanzar esta cifra, según señaló ayer un portavoz oficial.Sin embargo, el presupuesto de la planta, que pretende quemar anualmente 228.000 toneladas de basuras en una zona ubicada junto al vertedero bilbaíno de Artigas, superará los 25.000 millones. Zabalgarbi ha pactado un préstamo de 18.000 millones con el banco holandés ABN Ambro mediante la fórmula del proyect finance, en la que no es necesario ningún aval, ya que el interés del proyecto y sus perspectivas de éxito juegan ese papel. Los 3.000 millones de pesetas restantes están calculados de las subvenciones a la iniciativa tanto de la Unión Europea como de los gobiernos central y vasco y la Diputación vizcaína.

La junta de accionistas del martes aprobó la ampliación de 600 millones, que se repartirá proporcionalmente según la participación de cada uno de los socios, con lo que mantendrán su cuota: la firma francesa Vivendi (25%), la Diputación vizcaína (20%), la ingeniería Sener (20%), el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Gobierno central (10%), el Ente Vasco de la Energía (10%), la BBK (5%), Babcock & Wilcox (5%) y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%).

En fase de ordenación

Zabalgarbi tiene intención de aumentar su capital según se acerque la fecha del comienzo de las obras. Su última previsión era empezar la construcción este verano, con dos años de retraso sobre las estimaciones iniciales, pero es factible que vuelva a demorarse. La pasada semana finalizó el plazo de alegaciones al proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, pero el Ayuntamiento bilbaíno todavía está en fase de ordenación de la documentación presentada.

En total, han sido once colectivos los que han formulado alegaciones: los grupos ecologistas Bizkaia Bizirik, Greenpeace, Eki y Ekolan, los partidos políticos Euskal Herritarrok, Izquierda Unida y Partido Popular, el Ayuntamiento bilbaíno y tres particulares. El consistorio debe separar las objeciones referentes a la licencia de actividad, que tramita el municipio, de las del estudio de impacto ambiental, que serán enviadas al Gobierno vasco. El Departamento de Medio Ambiente debe examinarlas para emitir una evaluación de impacto ambiental positiva o negativa.

La presentación de las alegaciones ha difundido la existencia de anomalías o carencias en el proyecto. Entre ellas destaca la falta de un estudio actual detallado del área donde se ubicará la incineradora, que ha sido reprochada por varios colectivos. El propio Ayuntamiento de Bilbao realzaba esta carencia en su informe técnico, en el que se detallaban hasta 50 irregularidades. El Gobierno vasco también ha considerado "ilógica" la falta del estudio actual, de la que advirtió a Zabalgarbi hace tres años.