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Editorial:

Noticia falsa

Una muchacha cruzaba en pleno día la plaza de Cataluña de Barcelona. Unos jóvenes de cabeza rapada, sin mediar palabra, se dirigieron hacia la chica, la golpearon con un bate de béisbol y se esfumaron. La joven quedó tetrapléjica. Ésta es la historia que difundió la oficina de prensa de la policía barcelonesa y que todos los medios de comunicación, incluyendo EL PAÍS, recogieron sin haber conseguido identificar a la joven ni hallar testigos de los hechos.La noticia era falsa. No es la primera vez que la policía barcelonesa distorsiona la realidad, se supone que con el objetivo de crear el clima propicio para una actuación más desenvuelta. Hace tres años fabricó, a partir de la detención de dos personas reconocidas y condenadas por delitos sexuales, un caso que adquirió resonancia internacional, a la altura del caso Arny de Sevilla y del caso Dutroux en Bélgica. Una red de pederastas prostituía en el barrio barcelonés del Raval a los niños de un centro infantil y los utilizaba en una red de pornografía internacional a través de Internet. También era todo falso.

Las fantasías informativas de la policía barcelonesa no han tenido por el momento consecuencias políticas. Nada ha dicho hasta ahora el Parlamento catalán, tampoco el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) ni la fiscalía. Sólo el Consell de la Informació -el organismo independiente que vela por la corrección deontológica del periodismo en Cataluña- recordó ayer el deber de los periodistas de contrastar sus fuentes, incluidas las oficiales. En estas invenciones están en juego a veces la libertad y los derechos de personas, y en todos los casos, la credibilidad de dos piezas fundamentales en una democracia, como son la policía y los medios de comunicación.

La policía barcelonesa ha conseguido pervertir el uso de las fuentes reservadas en el periodismo que se practica en esta ciudad. Su oficina de prensa se ha dedicado a intoxicar en vez de informar. Y los informadores hemos incurrido también en una seria corrupción del oficio, que tiene consecuencias autodestructivas para el periodismo y desmoralizadoras para la opinión pública. La comprobación de las informaciones no es una regla privada de los periodistas, sino una salvaguardia fundamental de la calidad de las noticias y, por tanto, de la salud moral y política de los ciudadanos que las consumen.

Lo grave de esta última fabricación informativa es que no parece tratarse de algo excepcional. Es habitual la utilización de unos medios de comunicación relajados en sus códigos de conducta profesional por parte de policías, y a veces de jueces y fiscales, como atajo expeditivo para su tarea probatoria. Primero se lanza la conjetura informativa y luego se actúa en función de las reacciones de la opinión pública y de las personas sospechosas. La responsabilidad de los medios de comunicación en este tipo de conductas no es menor. Sin periodistas dispuestos a dar noticias no comprobadas, no podrían producirse este tipo de manipulaciones que ensucian a los medios de comunicación y a las instituciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de abril de 2000