Las empresas sostienen que la muerte de dos jóvenes por una grúa fue "inevitable"

El juicio de faltas por la muerte de dos jóvenes aplastados por una grúa el pasado 27 de diciembre en Bilbao quedó ayer visto para sentencia después de cinco horas de celebración a puerta cerrada en el Juzgado de Instrucción número 7. La vista se celebró al no alcanzarse un acuerdo económico entre las familias de las víctimas y los implicados. Éstos sostienen que el desplome fue "inevitable" y se debió a "fuerza mayor". La acusación particular ha denunciado a cinco responsables y pide 35 millones de indemnización.

El acuerdo económico no fue posible. Ni siquiera hubo contactos desde el lunes pasado, cuando Nekane San Miguel, juez encargada del caso, aplazó el juicio previsto para esa fecha, y ayer, cuando se celebró. En una sala del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, a puerta cerrada, se reunieron nueve abogados que representaban a las tres empresas denunciadas, a los dos operarios acusados y a las aseguradoras de las distintas compañías y de los cuatro vehículos que resultaron dañados en el siniestro. Enfrente, las dos letradas de la acusación particular, que defienden los interes de las familias de Francisco Javier Estévez y Aitor Ruiz Etxegoien, ambos de 17 años, aplastados por una grúa el pasado 27 de diciembre.Esa jornada, a media tarde, rachas de viento de hasta 170 kilómetros por hora empezaron a azotar el País Vasco y causaron en apenas dos horas tres muertos y decenas de heridos; fue uno de los mayores vendavales de los últimos años. Una grúa instalada junto a la plaza de Amézola volcó completamente y alcanzó a los dos amigos.

Con la celebración del juicio se trata de dirimir si detrás del desplome de la grúa hubo responsables por imprudencia o si, por el contrario, el vendaval hizo inevitable el siniestro. Las defensas de Arlan, la empresa instaladora de la grúa; de Hormal, su propietaria, y de Vizcaína de Edificaciones coincidieron en sostener que el accidente se debió a "fuerza mayor". Por lo tanto, no asumieron una indemnización.

Por el contrario, las dos acusaciones concluyeron que los operarios no atendían la grúa "hacía dos meses" y que no adoptaron las condiciones establecidas como "fuera de servicio". A las empresas también les responsabilizan de imprudencia y exigen 35 millones de pesetas para cada familia de los jóvenes muertos.