El Ayuntamiento constata hasta 50 anomalías en el proyecto de Zabalgarbi

El Ayuntamiento de Bilbao constata la existencia de hasta 50 anomalías o carencias en el proyecto de la incineradora de basuras que la empresa Zabalgarbi pretende instalar en el vertedero de Artigas. El informe, que supone la visión técnica del consistorio sobre el proyecto, reprocha la falta de un análisis actual del área, el impacto en los embalses y actividades agrícolas del entorno, así como una "escasa periodicidad" de las medidas de control. Esto imposibilita prácticamene que Zabalgarbi logre la licencia a corto plazo.

El informe, elaborado por las secciones de Licencias de Actividad y Sanidad Ambiental e Higiene Urbana, ha sido incorporado al expediente para la concesión de la licencia de actividad -el penúltimo trámite antes del inicio de las obras-, que está en fase de exposición pública hasta el próximo lunes. El consistorio, que al tratarse de un acto reglado debe conceder el permiso si se cumplen las condiciones técnicas, ha enumerado una larga serie de anomalías o carencias a lo largo de los 12 folios de informe.Entre ellas, destaca la falta de "datos actuales de contaminación del suelo, vegetación y agua del entorno afectado por dioxinas, furanos, metales pesados y PCBs coplanares" y considera que se trata de información "previa indispensable para analizar la evaluación de impacto ambiental". La carencia de un análisis detallado del área donde se prevé ubicar la planta se constata al analizar el estudio de impacto ambiental, como censuró la platafora ecologista Bizkaia Bizirik [ver EL PAÍS del pasado 26 de febrero], y ante lo que Zabalgarbi ha aducido que los informes detallados se elaborarán cuando hayan empezado las obras.

El informe del Ayuntamiento bilbaíno reprocha que Zabalgarbi "no detalla ni examina las alternativas de tratamiento de basuras técnicamente viables" y cuestiona los criterios para elegir la ubicación de la planta en el vertedero de la capital. "El modelo meteorológico matemático, que justifica la idoneidad del emplazamiento, no se ha validado con medidas in situ. No se han efectuado con datos reales de esta localización, sino del valle de Sondika y de la ciudad de Santander, cuyas características de topografía, emplazamiento y orientación no son en absoluto iguales a la zona elegida".

Los técnicos dicen que este extremo queda "paradójica y contradictoriamente reflejado en la documentación" presentada por Zabalgarbi.

Junto a ello, el informe municipal habla de falta de estudios del impacto en dos embalses cercanos y reprocha que "no se refleje ningún impacto sobre las actividades agrícolas y ganaderas del entorno, lo que es difícilmente creíble". Censura que se detallen "parcialmente" algunas de las emisiones y que no se informe del destino de "los productos de combustión incompleta".

Sobre la utilización del agua -la planta prevé consumir del río Cadagua 40 litros por segundo, el equivalente a las necesidades diarias de un municipio de 11.000 habitantes-, dice que la promotora "no aporta estudio ni autorización sobre la vialidad del uso de un bien cada vez más escaso" y especialmente de la "gran cantidad precisa para el funcionamiento de la planta en época de sequía o estiaje".

"Controles más estrictos"

El Ayuntamiento plantea "controles más estrictos" de las emisiones de la planta al considerar "escasa" la periodicidad prevista y exige detallar el destino y la caracterización de las 57.000 toneladas de escorias y 9.120 de cenizas que se producirán anualmente, los residuos tóxicos que suelen generar las incineradoras. A su juicio, la planta "debería prever medidas de control y actuación más estrictos" para que "en caso de accidente" se mantengan los niveles de emisiones contaminantes por debajo de los límites de la OMS.

El informe plantea objeciones al plan de vigilancia ambiental al preguntar por qué "las emisiones de dioxinas y furanos", otros compuestos tóxicos que generan las incineradoras, pueden considerarse insignificantes y pide la elaboración de un estudio epidemiológico actual.

Varias de estas anomalías ya fueron expuestas en diciembre de 1997 por los mismos técnicos que han elaborado el informe, cuando Zabalgarbi presentó su proyecto al consistorio, y cuyo contenido se ha adjuntado a este útlimo estudio.