La Audiencia de Barcelona juzga a 4 directivos de la química Uquifa acusados de delito ecológico

La Audiencia de Barcelona empezó a juzgar ayer a cuatro directivos de la empresa Unión Químico Farmacéutica (Uquifa), a los que la fiscalía acusa de un delito ecológico supuestamente cometido desde el inicio de sus actividades, en 1977, hasta 1992, al verter aguas altamente contaminantes y realizar emisiones a la atmosfera con elevadas concentraciones de gases tóxicos. La acusación pública solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y siete millones y medio de multa, además de la clausura de la empresa hasta que no corrija estas deficiencias.

El juicio contra los cuatro acusados proseguirá hoy con la declaración de los peritos y se prevé que quede visto para sentencia. En el escrito de acusación presentado hace tres años por el fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, se asegura que entre 1977 y 1980 Uquifa estuvo vertiendo aguas residuales y sin depurar a los campos de los alrededores, en Lliçà de Vall, y a partir de 1980 al río Tenes, un afluente del Besòs. La fiscalía recuerda que en este tiempo la contaminación ha sido denunciada por varias administraciones y colectivos y que hasta marzo de 1992, cuando se inicíó el proceso penal, Uquifa no instaló una depuradora.Del mismo modo, el fiscal Pérez de Gregorio asegura que la empresa ha estado lanzando emisiones contaminantes de sulfuro de dimetilo (mercaptano), un compuesto volátil del azufre, en concentraciones muy superiores a las permitidas.

Las defensas, por el contrario, solicitan la absolución, al considerar que los análisis de las muestras recogidas en los que se fundamenta la acusación, o son nulos porque se realizaron sin garantías legales, o su contenido es sensiblemente distinto al que entiende el fiscal. Los cuatro acusados coincidieron en afirmar al tribunal de la Sección Sexta que los juzga que Uquifa disponía de todos los permisos de actividades y de vertidos y que la empresa disponía de sistemas de depuración y de control de las emisiones de gases.

Así, Mark Ian Robbins, director general de la empresa desde 1990, aseguró que siempre han "cumplido con la ley".Menos contundente fue su antecesor en el cargo y también acusado, Isidro López Molina, quien llegó a afirmar que "alguna vez pudo haber un escape", aunque precisó que "no era frecuente". Por su parte, el director general adjunto, Enrique de Querol, relató que en 1987 solicitó a la Administración autorización para instalar una depuradora biológica y se le instó a que se esperara a que se construyera una de pública. El cuarto acusado y director de la fábrica, Josep Maria Gelpi, admitió que la emprea producía olores molestos y desagradables.

Uquifa tiene pendiente otro juicio por una nube tóxica que en junio de 1996 afectó a un centenar de personas y por la que el fiscal sólo solicita penas de arresto.