Estrasburgo investiga al Gobierno por la condena a un sorteo ajeno a la ONCE
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha pedido al Gobierno español que explique la razón de la pena impuesta al presidente de la Asociación para la Integración al Trabajo de los Discapacitados por el sorteo organizado por la misma y denunciado por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El tribunal tramita una demanda presentada por el presidente de aquella asociación, que invoca el derecho a no ser condenado por hechos no tipificados como delito.La demanda, elaborada por el abogado Juan Francisco Martín de Aguilera, se queja ante el Tribunal de Estrasburgo de que Rafael Reina Muñoz, presidente de la mencionada asociación de discapacitados, fue declarado culpable de un delito de contrabando de mercancía prohibida y condenado a cuatro meses de cárcel y a una multa de 22,5 millones de pesetas. El demandante apela al artículo 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por estimar que la legislación sobre contrabando no es aplicable a la comercialización de un sorteo para obtener recursos económicos en favor de los discapacitados.
El Tribunal de Estrasburgo da al Gobierno español un plazo que concluye el 3 de abril para formular observaciones.
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