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Reportaje:

Una montaña de tierras contaminadas

Ocupa 16.000 metros cuadrados, el equivalente a tres estadios de fútbol, y dibuja ya el perfil una auténtica montaña artificial en lo alto de la colina de Santa Lucía, en las afueras de Pamplona. Se trata de la celda de seguridad en la que desde el pasado otoño se entierran a diario los suelos manchados de la cercana empresa Inabonos. 150.000 metros cuadrados de tierras altamente contaminadas con elementos como arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, cobalto, zinc, amonio, fosfatos, sulfuros, aceites minerales e hidrocarburos clorados. La Administración asegura que la celda cumple todas las medidas de seguridad. Sin embargo, los miembros del Fondo Navarro para la Protección del Medio Ambiente, Gurelur, han reiterado ante una comisión parlamentaria que recibió sus informes, que la operación es ilegal porque vulnera numerosas leyes medioambientales.La empresa Inabonos, nacida a principios de siglo, disponía en Navarra de dos plantas donde fabricaba ácido sulfúrico, cuya materia prima es la pirita. En la de Pamplona, ubicada en el barrio de San Jorge, esta producción desapareció en 1983. En Lodosa, donde Inabonos centrará a partir de este año toda su producción, dejó de producirse en 1989.

El Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la industria, ahora en manos del grupo francés Roullier, negociaron el cierre de la empresa y el traslado de su actividad industrial para dedicar el polígono de Buztintxuri a la futura construcción de unas 3.000 viviendas. Un convenio firmado en diciembre de 1998 cerró el trato por el que Gobierno y municipio pagaron 582 millones por el terreno. Pero antes había que trasladar los residuos tóxicos y las tierras manchadas que durante ocho décadas había generado la producción de fertilizantes y abonos químicos. El presupuesto, de 300 millones, lo afronta la propia empresa.

Traslado pactado

Se pactó así el traslado de esos suelos a una colina cercana, Santa Lucía, ubicada a tan sólo 1.300 metros de distancia. El pasado otoño una flotilla de camiones comenzó a verter en esta celda de seguridad, de diez metros de profundidad, tierras manchadas que sumarán al final de la operación, ya próxima, un total de 107.000 metros cúbicos de suelos altamente contaminados.

Antonio Munilla, portavoz de Gurelur, recordó a los grupos parlamentarios que la celda se ubica en una colina catalogada como reserva paisajística y en la que también se ubican dos depósitos de la mancomunidad de Aguas de Pamplona, con una capacidad de 7.500 metros cúbicos de agua. No obstante, a juicio de los ecologistas es la cercanía del llamado Poblado de Santa Lucía, un asentamiento regulado de familias de raza gitana, lo que incrementa, a su juicio, la peligrosidad e ilegalidad de la celda.

A escasos cien metros del depósito se ubican las primeras casas de estas familias, cuando, según el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, debería existir al menos una distancia de 2.000 metros al punto habitado más próximo. "Es totalmente inadmisible, desde un punto de vista ético, lo que se está haciendo a escasos metros de las viviendas de unas familias gitanas", señaló Munilla.

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Gurelur sostiene que la celda entra en contradicción con las Normas Urbanísticas Comarcales de Pamplona, que protegen esta reserva paisajística, y añade que el estudio de impacto ambiental reconoce que no se puede garantizar que los productos tóxicos y peligrosos no lleguen al río a través de lixiviados, pérdidas en el transporte y escorrentías. Frente a estas tesis, la Administración niega que se esté vulnerando la ley y asegura que la celda cumple todas las medidas de seguridad exigibles.

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