Miles de ciudadanos podrán votar si desean que se cancele la deuda externa

No tendrá validez legal, pero sus impulsores advierten que puede convertirse en un "poderoso" instrumento de presión sobre los partidos políticos y sobre el Gobierno, y que constituirá una iniciativa ciudadana sin precedentes para "ahondar en la democracia participativa". Se trata de la denominada Consulta Social para la Abolición de la Deuda Externa, que se celebrará en paralelo al proceso electoral oficial del próximo 12 de marzo. Ayer, sus promotores se unieron a la manifestación antirracista celebrada en Barcelona.

El 12 de marzo, los habitantes de más de 300 ciudades y pueblos de España -el número de localidades que se suman a la iniciativa aumenta día a día- no sólo tendrán la oportunidad de votar a los políticos que quieren que les gobiernen. En el exterior de su colegio electoral, a una distancia mínima de 100 metros, los electores de las poblaciones adheridas a la campaña se encontrarán con otra urna en la que podrán expresar si desean o no que el Gobierno cancele totalmente la deuda externa que tienen con España los países empobrecidos.Para evitar que el día del referéndum las fuerzas de seguridad obliguen a retirar unas mesas electorales "no oficiales", las organizaciones que promueven la iniciativa, constituidas en Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, han examinado escrupulosamente varias leyes y normativas para poder ampararse en ellas en el caso de que surja un contratiempo. "En cada localidad se respetarán las ordenanzas municipales de ocupación de la vía pública y las urnas para la consulta se situarán a unos 100 metros del colegio electoral oficial para no vulnerar la ley electoral, que restringe los actos públicos en las proximidades del colegio", explica Jordi Oriola, miembro de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa.

Abierto a los inmigrantes

El referéndum está abierto a todos los ciudadanos mayores de 16 años, incluidos los inmigrantes que trabajan y viven en España, tengan o no documentación.

Según Oriola, los resultados del referéndum se harán públicos de manera definitiva cinco días después del proceso electoral. Sin embargo, los resultados provisionales podrán seguirse a través de Internet a tiempo real a medida que las distintas poblaciones los vayan introduciendo en la red. El escrutinio se realizará a través de un programa que se ha encargado a la Cátedra Unesco en Tecnología, Desarrollo sostenible, Desequilibrios y Cambio Global de la Universidad Politécnica de Cataluña. El proceso de votación y recuento será validado por una entidad o persona con presencia y reconocido prestigio en la población y que no forme parte de la red local de entidades promotoras de la consulta para garantizar la imparcialidad.

En Barcelona y Madrid, ciudades en las que se ha producido la movilización necesaria para que se realice el referéndum, el trabajo logístico de organización, mucho más complejo, se descentralizará a nivel de distritos. Los electores distinguirán la mesa electoral porque la cubrirá una pancarta alusiva a la deuda externa de los países pobres.

Los organizadores de la consulta sostienen que al ser organizada desde la ciudadanía contribuye a "luchar contra el alejamiento progresivo que se está produciendo entre poder político y sociedad". Además de su carácter participativo, las organizaciones implicadas en el referéndum destacan su utilidad como instrumento para la reflexión y el debate social sobre la deuda externa, "un debate que no se puede presentar de manera aislada, sino en el contexto de la globalización económica y los efectos que ésta provoca en temas como la precarización del empleo, la emigración, la pobreza o la especulación financiera".

La deuda externa es el dinero que los países pobres deben a los ricos, a organismos financieros internacionales y a la banca comercial internacional. Debido a los intereses, el importe de esta deuda ha alcanzado cantidades desorbitadas. Al Gobierno español, los países pobres le adeudan 1,6 billones de pesetas. Las deudas de estos países con los bancos privados españoles ascienden a 1,7 billones. El Estado español no puede abolir toda deuda de un país por decisión propia, pero sí puede decidir sobre la deuda procedente de los préstamos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), que él mismo concede.