La Generalitat conocía desde 1995 las irregularidades de Turismo

La Generalitat conocía, al menos desde mediados de 1995, las irregularidades del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña, según consta en las auditorías y otros documentos públicos del Departamento de Industria. El consejero, Antoni Subirà, afirma que no conoce a Joan Cogul, ex director del consorcio imputado por malversación, fraude y falsedad documental, pero tenía cumplido conocimiento de las irregularidades, a menudo contumaces, que se practicaban al desoír las órdenes de la Intervención General y de los órganos de control de gestión.

La Generalitat conocía perfectamente, desde hacía cinco años, todas las irregularidades del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña. Lo prueban, además de las auditorías del propio consorcio, un documento con fecha 5 de julio de 1995, en el que Régimen Interior comunica a la dirección del consorcio [Joan Cogul] que "no dispondrá de crédito" y advierte de que los expedientes de contratación formalizados a partir de esa fecha "incurrirán de forma expresa en un informe de contratación irregular". A pesar de ello, Cogul continuó dando su conformidad a facturas y autorizó pagos de 360 millones más. Cogul dejó el departamento el 31 de diciembre de 1995 y Subirà asumió el cargo de consejero en julio de 1996.Para entonces, los problemas en el Consorcio (hoy Turismo de Cataluña) habían llegado al Consell Executiu de la Generalitat y se habían aprobado créditos extraordinarios para enjugar los preocupantes déficit de este organismo, especialmente graves durante la época de Cogul. Así, en 1994 las transferencias al consorcio fueron de 999,5 millones. Pero con esa cifra no había suficiente y Cogul, sin obtener la preceptiva autorización del Gobierno de la Generalitat, suscribió una póliza de crédito con una entidad financiera por valor de 300 millones de pesetas.

Cuando Subirà asumió Turismo, el consorcio era la patata caliente de la nueva competencia. Lo demuestra el hecho de que el consejero encargase el 16 de octubre de 1996 un dictamen a la firma Jané & Solà Advocats Associats. Esta sociedad hizo público su dictamen el 12 de diciembre de 1996 y confirmó una retahíla de indicios de delito. Sin embargo, Subirà prefirió no ir al juzgado con la denuncia y puso el asunto en manos de la Sindicatura de Cuentas. Este organismo aún no ha emitido dictamen sobre las imputaciones a Cogul.

Entradas para el Liceo

La Intervención General y los abogados consultados destacan que en Turismo se gestionaba en beneficio de algunos proveedores privados. Así, Cogul, natural de Reus, contrató entre 1992 y 1996 servicios por valor de 493 millones con empresas de amigos en su población de origen o en Tarragona. Cogul, de Unió Democràtica, que llegó al departamento en 1991, comenzó muy pronto a usar el dinero público de forma sorprendente. En 1992 gastó 500.000 pesetas en entradas para el Liceo y otro tanto en el Palau de la Música. Según consta en la auditoría, gastó 10 millones por año en alquileres de coches. Ya en su primer año se pasó del presupuesto del consorcio en 453 millones.

Sin embargo, el consorcio no tiene presupuesto propio y su contabilidad debe ser reforzada sistemáticamente por la Dirección General de Turismo. Así, se convirtió formalmente en una especie de caja B multiusos en manos de Cogul, quien a veces pagaba con talones al portador sin barrar y sólo con su firma, como a Estrategias y Servicios (por 9,8 millones), según denunció la Intervención de Economía y Finanzas en la auditoría de 1991.