La Generalitat conocía desde 1995 las irregularidades de Turismo

Subirà sabía que Cogul ignoraba las órdenes de los órganos de control

Barcelona - 20 feb 2000 - 00:00CET

La Generalitat conocía, al menos desde mediados de 1995, las irregularidades del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña, según consta en las auditorías y otros documentos públicos del Departamento de Industria. El consejero, Antoni Subirà, afirma que no conoce a Joan Cogul, ex director del consorcio imputado por malversación, fraude y falsedad documental, pero tenía cumplido conocimiento de las irregularidades, a menudo contumaces, que se practicaban al desoír las órdenes de la Intervención General y de los órganos de control de gestión.

La Generalitat conocía perfectamente, desde hacía cinco años, todas las irregularidades del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña. Lo prueban, además de las auditorías del propio consorcio, un documento con fecha 5 de julio de 1995, en el que Régimen Interior comunica a la dirección del consorcio [Joan Cogul] que "no dispondrá de crédito" y advierte de que los expedientes de contratación formalizados a partir de esa fecha "incurrirán de forma expresa en un informe de contratación irregular". A pesar de ello, Cogul continuó dando su conformidad a facturas y autorizó pagos de 360 millones más. Cogul dejó el departamento el 31 de diciembre de 1995 y Subirà asumió el cargo de consejero en julio de 1996.Para entonces, los problemas en el Consorcio (hoy Turismo de Cataluña) habían llegado al Consell Executiu de la Generalitat y se habían aprobado créditos extraordinarios para enjugar los preocupantes déficit de este organismo, especialmente graves durante la época de Cogul. Así, en 1994 las transferencias al consorcio fueron de 999,5 millones. Pero con esa cifra no había suficiente y Cogul, sin obtener la preceptiva autorización del Gobierno de la Generalitat, suscribió una póliza de crédito con una entidad financiera por valor de 300 millones de pesetas.

Cuando Subirà asumió Turismo, el consorcio era la patata caliente de la nueva competencia. Lo demuestra el hecho de que el consejero encargase el 16 de octubre de 1996 un dictamen a la firma Jané & Solà Advocats Associats. Esta sociedad hizo público su dictamen el 12 de diciembre de 1996 y confirmó una retahíla de indicios de delito. Sin embargo, Subirà prefirió no ir al juzgado con la denuncia y puso el asunto en manos de la Sindicatura de Cuentas. Este organismo aún no ha emitido dictamen sobre las imputaciones a Cogul.

Entradas para el Liceo

La Intervención General y los abogados consultados destacan que en Turismo se gestionaba en beneficio de algunos proveedores privados. Así, Cogul, natural de Reus, contrató entre 1992 y 1996 servicios por valor de 493 millones con empresas de amigos en su población de origen o en Tarragona. Cogul, de Unió Democràtica, que llegó al departamento en 1991, comenzó muy pronto a usar el dinero público de forma sorprendente. En 1992 gastó 500.000 pesetas en entradas para el Liceo y otro tanto en el Palau de la Música. Según consta en la auditoría, gastó 10 millones por año en alquileres de coches. Ya en su primer año se pasó del presupuesto del consorcio en 453 millones.

Sin embargo, el consorcio no tiene presupuesto propio y su contabilidad debe ser reforzada sistemáticamente por la Dirección General de Turismo. Así, se convirtió formalmente en una especie de caja B multiusos en manos de Cogul, quien a veces pagaba con talones al portador sin barrar y sólo con su firma, como a Estrategias y Servicios (por 9,8 millones), según denunció la Intervención de Economía y Finanzas en la auditoría de 1991.

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Cogul compraba regalos a proveedores de Reus "a un precio muy superior al del mercado", indica la auditoría

Dos empresas vinculadas a la familia de Joan Cogul: Bewerly Escola d'Idiomes (de su esposa, Carme Fargas) y Spot facturaron 21,5 y 226,8 millones de pesetas, respectivamente, al consorcio. Mientras que los proveedores podían tardar incluso varios años en cobrar, los amigos de Cogul lo hacían inmediatamente o en menos de 90 días desde la fecha de la factura. La ley de contratación del Estado especifica la prohibición de contratar a cónyuges de cargos públicos. Sin embargo, Bewerly -que comenzó a facturar en 1992- continuó su actividad hasta 1995, a pesar de que las auditorías detectasen este supuesto delito.Las auditorías reflejan que se contrataron informes por valor de 200 millones en esos cinco años y que las empresas contratadas no superaron ningún concurso de adjudicación: fueron contratadas a dedo. Pertenecen a amigos de Reus o a ex altos cargos de Turismo. Es el caso de las compañías del predecesor de Cogul en el cargo, Alexandre Betoret (CDC), con 20 millones; o del que fuera director general de Turismo entre 1984 y 1990, Ángel Miguelsanz (CDC), con 33,7 millones. También realizaba informes la empresa Gerc, propiedad de Modest Batlle, ex concejal de UDC en el Ajuntament de Barcelona. Cogul no respetaba la convocatoria de concursos. El 46,8% del presupuesto de 1995 (379 millones) lo contrató directamente, de manera que superó los límites establecidos por la ley para la contratación directa.

La auditoría de 1995 habla de "incumplimiento reiterado de las normas de contratación pública"; de "asumir gastos cuya realidad es desconocida por los responsables del consorcio" tras la marcha de Cogul. Faltan presupuestos alternativos, documentos fiscales, no se factura el IVA y la contratación de regalos se quintuplica. La auditoría habla de "transgresión del presupuesto de gastos" y de la existencia de un "déficit de 523 millones", referido sólo a 1995.

Intervención General considera "desmesurada la política de compras de objetos de regalo". 114 millones en 1994 y la misma cifra en 1995. "Los objetos se compraban por contratación directa a un precio muy superior al del mercado y a un grupo de pequeños proveedores de Reus por gestión y autorización del director", indica la auditoría.

Un viejo amigo de Cogul, Joan Maria Bartolí, propietario del hotel Quality Inn Reus y del Camping Salou, para quien Cogul había trabajado en el pasado, se benefició al ser contratado por el consorcio para la realización de servicios que el auditor considera "inexistentes", como el alquiler de apartamentos a supuestos agentes turísticos británicos, o servir cenas a colaboradores del consorcio. Otros, como Gesa, se acogieron al reiteradísimo epígrafe de "viajes de familiarización" para cobrar por servicios inexistentes cuatro millones. Lo mismo ocurre con las empresas de Reus Bewertour o Stone Up.

Las auditorías de la Intervención General detectaron una de las operaciones más extrañas e importantes en volumen de todas: un contrato de un millón de dólares para que Cataluña se convirtiera en destino oficial de golf para la PGA o Asociación de Jugadores Profesionales de Golf de América. El convenio, de fecha 19 de marzo de 1991, fue suscrito por Lluís Alegre, quien, por cierto, fue invitado a jugar en los campos de la PGA en Estados Unidos. La rescisión de este convenio la decidió personalmente Subirà cuando ya se habían pagado 66 millones a la PGA.