El decreto de escolarización no prevé el reparto de alumnos

El Departamento de Enseñanza publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la resolución sobre la escolarización de alumnos con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales desfavorables. El texto es prácticamente igual al borrador que se envió a los sindicatos la semana pasada, que lo calificaron de "parche". La consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, explicó ayer en Girona que la resolución no prevé la creación de una oficina única de matriculación ni establece cuotas para distribuir a estos alumnos por centros públicos y concertados. La consejera considera que la oficina única de matriculación no es más que "una gestión administrativa que no aporta nada a la educación". Laura Gil descarta distribuir los alumnos en diferentes centros educativos. En su opinión, hay que cambiar las estrategias educativas y tratar los centros con alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales de forma individualizada.

La nueva norma -que se aplicará a partir del próximo curso y que pretende integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en todos los centros financiados con fondos públicos, lo que incluye a las escuelas concertadas- se basa en el derecho de los padres a elegir centro. En cambio, no hace referencia a la distribución de este tipo de alumnos, tal como obliga la Ley Orgánica de Centros Docentes (LOPAGCD).

La resolución, la primera de la nueva consejera, señala en la exposición de motivos: "En las áreas territoriales con una población significativa de alumnado en una situación social o cultural desfavorable, se establecerán procedimientos de acogida, asesoramiento y orientación a los padres que quieran inscribir a sus hijos en los centros docentes financiados con fondos públicos, con la finalidad de ayudarlos en la elección del que mejor pueda responder a sus necesidades educativas y con voluntad integradora".

Comisiones todo el año

Para poder llevar a cabo este objetivo, Enseñanza permitirá la creación de comisiones específicas en las que participarán los municipios, las familias y los directores de centros. Estas comisiones tendrán continuidad a lo largo de todo el curso, con el objeto de atender a la escolarización de los alumnos que se incorporan al centro después del periodo de matriculación. Esta es la única enmienda de las que presentaron los sindicatos al borrador, que Enseñanza ha incluido en el texto. Este tipo de alumno suele proceder del Magreb y del África subsahariana y se concentra en su mayoría en los centros públicos.

Del resto de enmiendas, no se ha aceptado ni una. Los sindicatos, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), proponían que la resolución se basara en lo que ellos denominan "derecho de integración", que da prioridad a su "distribución equilibrada, con idea integradora, de acuerdo con lo que dispone la LOPAGCD".