Las personas beneficiadas con el 'salario social' podrán compatibilizarlo con ingresos laborales

Para terminar con lo que era hasta ahora "una gran injusticia", en palabras del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Sabin Intxaurraga, los perceptores del salario social podrán compatibilizarlo desde el próximo mes de marzo con ingresos procedentes de un trabajo, hasta una cuantía determinada. La nueva medida, aprobada el pasado 3 de febrero, pretende estimular el empleo. El departamento de Intxaurraga destinará este año 150 millones de pesetas para este programa. Además, dedicará 8.520 millones a financiar el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).

A partir de marzo será más justa la situación de las personas que perciben el IMI (Ingreso Mínimo de Inserción, dirigido a paliar las necesidades básicas y evitar la marginación social) y que al mismo tiempo desempeñan un trabajo remunerado. Actualmente, 30.000 personas pertenecientes a 11.500 unidades de convivencia perciben alguna ayuda social en Euskadi.El presupuesto que el Departamento de Trabajo destinará al IMI este año asciende a 8.500 millones de pesetas. A ellos se añadirá una partida inicial de 1.150 millones para el desarrollo de la nueva medida de estímulo del empleo (hasta ahora el IMI era incompatible con cualquier ingreso), así como para el también novedoso programa Auzolan, que servirá para el desarrollo de los convenios de inserción laboral de los perceptores del IMI y los parados mayores de 45 años con dificultades de integración en el mercado.

De momento, la nueva medida permitirá que un perceptor del IMI (50.815 pesetas) pueda alcanzar las 69.600 pesetas, por ejemplo, en el caso de que tenga un unos ingresos propios de 40.000. El límite de ingresos se fija en 72.887 pesetas, en el caso de una unidad familiar, y en 94.800, en las de mayor número de integrantes. "Se trata de no computar un determinado porcentaje de los ingresos procedentes del trabajo, por cuenta propia o ajena, obtenidos por la actividad de cualquiera de los miembros de la unidad económica de convivencia", explicó Intxaurraga, quien reconoció que, en algunos casos, la percepción de una ayuda económica resulta "desincentivadora" para buscar empleo.

Una vida digna

El consejero expuso las medidas de su departamento junto a Angeles Iztueta, viceconsejera de Asuntos Sociales. Intxaurraga insistió en que el objetivo global es que "todas las personas puedan tener garantizada una vida digna". Todos los ciudadanos, según resaltó, tienen derecho a disponer de unos ingresos mínimos que les permitan integrarse en la vida social. "Por eso creo que se va a incrementar la cifra actual de 30.000 beneficiarios [de ayudas sociales], pero es de justicia".

La dificultad que encierra la aplicación de las nuevas medidas -"son de ejecución complicada", asumió Intxaurraga- ha obligado al Departamento de Trabajo a poner en marcha talleres explicativos para los trabajadores sociales de base. Un total de cien equipos técnicos serán los encargados de estudiar las solicitudes de ayudas a partir de marzo.

Todas estas medidas desarrollan la Ley contra la Exclusión Social de 1998, que se completará con la aprobación, prevista para el próximo mes de junio, del Plan Vasco de Inserción y del decreto regulador de las empresas de inserción. Intxaurraga manifestó que será una éxito lograr que durante este año un 25% de los beneficiarios del IMI pasan al nuevo programa de inserción laboral Auzolan.

El Plan Vasco de Inserción recogerá de forma coordinada y global las líneas de intervención y actuación que deben orientar la actividad de la Administración vasca para conseguir la inserción de las personas en situación de exclusión. Las empresas de inserción, por su parte, serán "agentes activos de la adaptación socio-profesional" para personas con dificultades de acceso al mercado laboral.