El Gobierno sólo volverá a los tribunales ingleses si Straw cambia su decisión sobre Pinochet

El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, declaró ayer que, tal como, según él, el Gobierno de José María Aznar ha venido manteniendo desde un principio, sólo si el titular británico del Interior, Jack Straw, se echara atrás en su decisión de autorizar el regreso de Pinochet a Chile por "razones humanitarias", el caso "volvería al ámbito judicial" y serían entonces "los jueces los que tendrían la palabra". "Mientras el tema esté en manos del ministro británico del Interior entiendo que estamos fuera de la esfera judicial, y, por lo tanto, es al Gobierno español al que corresponde la responsabilidad de tomar decisiones, y naturalmente seguirá en la misma línea en la que ha estado hasta ahora". Sin embargo, el diplomático español casi apostó a que esta rectificación no se producirá. "Sinceramente, no creo que vaya a pasar y apostaría... Pero si pasa, naturalmente el Gobierno español siempre cumple con sus leyes"."Lo he repetido cien veces y he mantenido la misma posición aquí y en Chile", declaró el ministro, que aseguró que precisamente "la fuerza" del Gobierno español está en que se ha mantenido firme en su posición desde el primer día. Pero además, ayer, el ministro insistió en que, ni siquiera si el recurso belga prospera, el Gobierno de José María Aznar cambiaría de posición, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo español, que ha dejado claro que mientras la decisión esté en manos de Straw pertenecerá al ámbito "político-administrativo" y "su interlocutor natural en España" es el Ejecutivo.

Informe médico

En relación con el informe médico realizado por cuatro especialistas a principios de enero y que llevó a Straw a tomar la decisión preliminar de denegar la extradición de Pinochet a España, el ministro español aseguró ayer que si el Alto Tribunal de Londres decidiese que Straw no ha actuado conforme a derecho al negarse a desvelar el informe médico, y se ordenara que el documento sea entregado a los países que reclaman la extradición del general -como España-, por su parte no existiría problema alguno para entregar dicho informe al juez Baltasar Garzón.

"Respecto de la comunicación al señor Garzón de cualquier documento que nos llegue, si no llega prohibición expresa de darle trámite a él [al juez Garzón], naturalmente que lo pondremos en su conocimiento, y esperamos que también guarde la reserva necesaria, si es que se nos pide reserva", aseguró Matutes. El ministro español puntualizó: "Por descontado, mi idea es siempre tener informado al magistrado de cualquier tema relacionado con este caso".

Desde el pasado miércoles, el caso Pinochet depende una vez más de un dictamen judicial decisivo que se conocerá a mediados de la próxima semana y que puede suponer un rápido desenlace, o por el contrario, prolongar su andadura en los tribunales. Bélgica, Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos pretenden que tres jueces del Alto Tribunal de Londres les concedan lo que el pasado 31 de enero les negó el magistrado Maurice Kay en esta misma instancia. Tanto Bélgica como el resto de las partes quieren que la justicia revise el proceso contra el ex dictador chileno, a quien Straw podría poner en libertad por razones de salud.

Por su parte, el ministro belga de Exteriores, Louis Michel, cuyo país sí recurrirá la posible liberación de Pinochet, aseguró que respeta "totalmente" la posición española, y que comprende que las circunstancias históricas de España son muy distintas a las de Bélgica, por lo que la situación del Gobierno de Madrid es más "delicada".

Michel se mostró apesadumbrado y decepcionado por las críticas vertidas contra su país por Chile, e insistió en que Bélgica es un país soberano que está "en su derecho" de tomar este tipo de decisiones "políticas y morales". Al respecto, Matutes aseguró que España también respeta a Bruselas. "No vamos a hacer nada, ni decir nada, ni criticar nada de decisiones tomadas por países soberanos".