El abogado de Straw advierte de que la difusión del informe médico crearía problemas políticos

El Ministerio del Interior británico advirtió ayer al tribunal, en la última sesión del juicio de revisión judicial contra la decisión preliminar de liberar a Augusto Pinochet, de que debe tener en cuenta "las delicadas consecuencias diplomáticas" que provocaría el incumplimiento del pacto de confidencialidad con el ex dictador y dejar a un lado las gestiones realizadas por Chile, y no el deber de imparcialidad y justicia que pregonan Bélgica y Amnistía Internacional al pedir que se entregue el informe médico a los países que solicitan la extradición.

El abogado Jonathan Sumption, más relajado tras el duro forcejeo del martes con el tribunal, quisó tener ayer una segunda oportunidad. Empezó por lo que ya es el punto de partida del guión: España. "El único afectado por el desenlace de lo que suceda en este caso es España. Ellos son los que tenían un verdadero interés en la extradición de Pinochet", y dirigiéndose al presidente del tribunal, Simon Brown, añadió: "Si usted decide que el informe médico debe ser entregado, se hará a los cuatro países que piden la extradición, con independencia de que sea Bélgica quien lo pide aquí".Brown dijo que, en efecto, eso era lo que él entendía que se discutía. "Francia y Suiza han formulado alegaciones. ¿Piden también el informe?", preguntó el juez Brown. "Sí. Han alegado. Las he visto, pero no me acuerdo de qué piden... Y no sé si debo revelarlo". Brown insistió: "Si las ha visto sabrá si solicitan el informe". Sumption, sin apearse, contestó: "Es posible...Pero no puedo... Lo he olvidado, no sería apropiado que yo informe aquí".

El abogado de Straw quería empezar ordenadamente con su alegato. "Usted", enfocó directamente a Brown, "me preguntó ayer si el ministro del Interior estaba desesperado por salir de este proceso de revisión judicial. La respuesta es que, por supuesto, no lo está (...) Si existe un retraso, si es necesario consultar con los cuatro Estados que piden la extradición... se trata de saber si va a ser un retraso decisivo". Brown replicó: "Pueden ser siete días, no sé". Sumption agregó: "Bueno, tengo que decir que no es un plazo largo ni decisivo".

El abogado fue entonces a los argumentos. "Ustedes han escuchado que éste es un caso delicado para Bélgica. Pero quiero subrayar las consecuencias diplomáticas delicadas de este asunto, unas consecuencias para el Foreign Office. Y para Chile. Porque existen diferentes puntos de vista: está el de España, que es diferente al de Bélgica: y el de Chile. Hay que recordar que Chile ha tenido la iniciativa en todo el proceso de pasar confidencialmente informes médicos a través de los canales diplomáticos sobre el estado de salud del senador Pinochet. Lo que quiero decir es que la decisión que van ustedes a adoptar afecta a cuestiones internacionales delicadas".

El juez más joven, John Anthony Dyson, preguntó: "¿Usted no ha aceptado que al ministro le hubiera gustado entregar el informe médico y que la única razón para no hacerlo es la confidencialidad, que no lo desvelaba por esa razón?". Sumption precisó que si Pinochet hubiera dado su autorización, se podía haber hecho la citada entrega.

El letrado insistió en que la decisión sobre la entrega o no de Pinochet estaba confiada a Straw y que él era quien decidía si existía o no un interés público que aconsejara dejar sin efecto los compromisos de confidencialidad asumidos, por iniciativa ministerial, con Pinochet el 5 de noviembre de 1999, al proponerle el examen médico. Sumption agregó que las alegaciones solicitadas a España y a las otras partes no versaban sobre el "aspecto clínico" del informe, sino que buscaban recoger otros puntos de vista referidos a las consecuencias de la decisión de liberar a Pinochet. "Ninguno de los países, aún cuando les enseñemos el informe médico pueden comentarlo o aportar información útil, sencillamente porque estos países no han examinado a Pinochet".

Clive Nicholls, abogado de Pinochet, decidió, en la recta final, hablar. Explicó al tribunal que su "docto amigo" Sumption había explicado los principales problemas, pero insistió en que la ley de extradición británica y el Convenio Europeo de Extradición no permiten que los Estados requirentes participen en las decisiones que se adoptan a la hora de entregar o no a una persona. Preguntado por el juez Brown sobre la confidencialidad del informe, Nicholls explicó que si no se le hubiera dado al ex dictador garantías de reserva, éste "no hubiera aceptado ser sometido al examen médico".

Pinochet, según uno de los esquemas de alegaciones presentado por Nicholls al tribunal, está preocupado por la posibilidad de que trasciendan ciertos detalles del informe médico. "La confidencialidad es especialmente válida en lo que se refiere a la información sobre su salud mental. Revelar esos datos puede afectar dramáticamente su vida privada y familiar, así como su situación política y social, exponiéndole al oprobio y al riesgo de ser estigmatizado como deficiente mental". El tribunal, según anunció formalmente el presidente al término de la sesión, dará a conocer su fallo "en la mitad de la semana próxima".