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Bélgica dice que Straw es injusto en su forma de liberar a Pinochet y que "España ha abandonado"

La nueva defensa de Bélgica planteó ayer ante un tribunal de tres jueces que el ministro del Interior británico, Jack Straw, ha ejercido su poder discrecional de manera "injusta" al pretender liberar al general Augusto Pinochet sin ofrecer a las autoridades belgas, que, como España, solicitan la extradición del ex dictador, una copia del informe médico que ha servido para declararle presuntamente incapacitado para someterse a juicio. La defensa ha subrayado que "Bélgica, sobre la base de que España ha abandonado la escena, está obligada a plantearse si la decisión del ministro es correcta".La sesión ante un tribunal divisional de tres jueces (Brown, Dyson y Latham, este último en sustitución de Thayne Forbes, el juez que sentenció a Harold Shipman, el Doctor Muerte) comenzó de modo insólito. El presidente, Simon Brown, dijo que los tres miembros del tribunal tenían algún tipo de relación de apoyo a organizaciones de derechos humanos que podían estar entre los recurrentes. A continuación, Brown señaló que el juez Dyson quería añadir algo. Y éste confesó que su hija trabaja como asesora en el Ministerio del Interior. "Pero no tiene nada que ver con este caso ni con el departamento de extradición", aseguró. No hubo ninguna objeción.

El abogado Nigel Pleming, un hombre con voz suave y tono bajo, explicó que "Bélgica no discute la discreción que tiene el ministro Straw de adoptar la decisión de liberar a Pinochet". Lo que Bélgica discute es que, "al alcanzar su decisión preliminar, el ministro lo ha hecho de manera injusta, al no dar participación a un Estado que, como Bélgica, está buscando la extradición de Pinochet". Pleming agregó que Straw "ha negado a un país amigo la oportunidad de cuestionar o apoyar su posición".

Informe médico

El letrado dijo que las autoridades belgas podrían haber llegado a la misma conclusión que Straw. "Pero no ha consultado a un Estado que tiene el mismo rango que la Fiscalía Pública británica, ya que está también persiguiendo penalmente a Pinochet. Podía entregar el informe médico a las autoridades belgas con la condición de confidencialidad, pero ha acordado con la defensa de Pinochet a espaldas de Bélgica. Ha actuado de forma injusta. Y su discreción tiene límites", dijo Pleming.

Pleming dedicó varios aspectos de su intervención a España. Dijo que "España ha abandonado la escena", pero inmediatamente agregó: "Quiero leer lo que dice el juez español en sus alegaciones ante el ministro". Y leyó el párrafo en el cual el juez señala la situación "absurda" que se ha producido al solicitar Straw alegaciones sobre un informe secreto. Según Pleming, Straw nunca pudo haber tenido la iniciativa ni haber aceptado la confidencialidad del informe médico.

Richard Drabble, por Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet y de derechos humanos, reconstruyó la iniciativa de los exámenes médicos. "Fue gente próxima a Pinochet la que difundió en la prensa sus problemas de salud el año pasado. Luego el Gobierno de Chile pidió los exámenes, y el 5 de noviembre de 1999, el Ministerio del Interior, al informar a la defensa de Pinochet que se proponían exámenes médicos, le aseguró, por su propia iniciativa, que se guardaría la confidencialidad". Drabble leyó media docena de cartas que forman parte de la correspondencia entre el Ministerio del Interior y la defensa de Pinochet (véase EL PAÍS del 30 de enero). Los jueces siguieron, con copias en la mano, los párrafos leídos por el abogado de AI.

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