Ivex, historia de un quebranto

La querella presentada por la Generalitat contra José María Tabares, director del Ivex hasta el pasado mes de septiembre, despierta varios interrogantes. Tabares fue contratado por Procova, predecesor del Ivex, todavía bajo administración socialista, para poner orden en las finanzas de la entidad.Su ascenso a la dirección del instituto fue resultado de la renuncia de Joan Mir, un maestro en materia comercial sin otra titulación que su talento para la venta. Tabares se convirtió en pieza imprescindible en la organización y fue elevado a la dirección por Eduardo Zaplana sin ningún reparo. Es más, Tabares negoció el multimillonario contrato de representación que el Consell firmó con el cantante Julio Iglesias, un capítulo que le hizo acreedor de la confianza de algunos responsables del gobierno autonómico.

La sustitución de Tabares por Carmen de Miguel, hasta entonces secretaria del consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, vino motivada, aparentemente, por su deseo de volver a la actividad privada. Tabares sabía que sería destituido porque comunicó a sus compañeros de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia su intención de participar en un curso sobre comercio internacional en Japón durante el mes de octubre, cuando estalló el escándalo.

De Miguel explicó poco después, el pasado noviembre, que su predecesor se había tomado la libertad de avalar una serie de letras, por un montante total de más de mil millones de pesetas, supuestamente sin conocimiento de sus superiores, a favor de dos sociedades de un empresario francés, origen y destino de las compras que el Ivex efectuó en Túnez para generar derechos de compensación y facilitar la venta de vehículos Ford en el país magrebí. La primera vez que De Miguel tropezó con la reclamación de una letra de origen desconocido, según la versión oficial, el asunto fue trasladado a los tribunales.

Con esta decisión, la Generalitat intentaba que el escándalo por el quebranto económico de más de 1.000 millones de pesetas no le salpicara y aparecía ante la opinión pública como una enérgica defensora de la transparencia en sus empresas públicas. Pese a ello, existen lagunas e interrogantes que merecen una explicación detallada.

¿Acaso no fue capaz de prever Tabares que las entidades financieras que habían anticipado el pago de las letras reclamarían su pago más temprano que tarde?.

Su presencia en Japón en esas fechas fue revestida de todo tipo de infundios por parte de fuentes oficiosas, que llegaron a insinuar que Tabares había buscado refugio en ese país porque carece de tratado de extradición con España. La Generalitat no sólo se querelló contra un ex alto cargo de confianza, sino que hizo todo lo posible por criminalizar a un profesional que estuvo a su servicio.

Eduardo Zaplana, en la única y breve comparecencia parlamentaria en torno al caso, insinuó que habría resultado muy fácil tapar el escándalo. Una modificación presupuestaria de mil millones de pesetas habría pasado inadvertida si los acreedores hubieran quedado satisfechos a tiempo.

¿Por qué optó entonces por querellarse por la vía penal?. Fuentes de la Generalitat afirman que intentaron cortar de raíz cualquier especulación torcida en torno al asunto, que podría haber sido mal interpretado si las primeras denuncias hubieran procedido de las entidades financieras acreedoras, esencialmente el Arab Bank. "Ante una presunta irregularidad hemos puesto el asunto en manos de los tribunales", ha reiterado Zaplana para desentenderse del caso.

Los asesores jurídicos de la Generalitat, además, señalaron que la querella por delito societario impedía la personación de terceros y, por lo tanto, la posibilidad de que todo el procedimiento judicial se hiciera público por intereses políticos.

Una querella por vía civil, destinada a reclamar el perjuicio sufrido por las arcas públicas por un supuesto quebranto económico de más de mil millones, también habría desatado especulaciones políticamente interesadas, según las mismas fuentes, porque se podría haber apreciado voluntad de exculpar a Tabares.

El contenido de la querella, que nunca se ha difundido, se basa, siempre según fuentes de la Generalitat, en el desconocimiento de la operación por parte de los superiores de Tabares y del consejo de administración del Ivex. Un extremo que explicaría la escasez de documentación aportada por la Generalitat para intentar desenmarañar el supuesto delito y que ha sido subrayada, con evidente malestar, por el fiscal del caso.

Tabares y Lagier acudieron al Palau de la Generalitat para explicar el asunto antes de que el Ivex optara por presentar la querella. Según fuentes oficiales, Lagier intentó restar importancia al caso y explicó que, a la larga, una vez superados sus problemas de liquidez, tanto Ford como el Ivex, resultarían beneficiados. La empresa automovilística exportaría vehículos a Túnez y la entidad pública recibiría una comisión del 7% sobre el volumen de las exportaciones en lugar del 3% estipulado en el contrato firmado en julio de 1995, en virtud de un segundo contrato firmado en agosto de 1997, cuya existencia siempre ha negado el Ivex.

¿Cuál es el papel de Ford en el escándalo?.

El gigante automovilístico, desde luego, no ha salido perjudicada. Los derechos de compensación generados por el Ivex han sido aprovechados para exportar vehículos producidos en toda la Unión Europea. Las estimaciones de la empresa sobre su posible volumen de negocio en Túnez coinciden, sorprendentemente, con las primeras cifras que ofreció Diego Such, entonces consejero de Industria, cuando anunció en julio de 1995 que el Ivex había firmado un ventajoso acuerdo con la empresa norteamericana que permitiría exportar hasta 3.000 vehículos al año al país magrebí. Los imputados en el caso han presentado ante el juez una carta del máximo responsable comercial de Ford para el Norte de África que sustenta la expectativa de alcanzar ese volumen de ventas, pero desde toda la Unión Europea.

¿Por qué se prestó el Ivex a generar derechos de compensación a favor de Ford que serían aprovechados por las plantas de producción de toda la Unión Europea?

Fuentes oficiales sólo pueden alegar su propia bisoñez porque asociaron la marca Ford con la planta de Almussafes y, por lo tanto, con la primera empresa valenciana por volumen de exportación, sin tener en cuenta la dimensión multinacional de la marca.

La sucesión de declaraciones ante el juez que instruye el caso sólo ha contribuido a debilitar la posición oficial. Fuentes de la Generalitat admiten que es muy posible que la querella por delito societario sea archivada y sea imprescindible recurrir a la vía civil. La oposición reclama la creación de una comisión parlamentaria de investigación en torno al caso, que el PP considera innecesaria puesto que el asunto está en manos de la justicia. Una posición que no contribuye a tranquilizar a nadie.

¿Existe el quebranto económico primero denunciado y después negado?

El propio Zaplana, abogado de carrera, negó recientemente que se haya producido ningún quebranto económico en las arcas del Ivex. Hasta la fecha la Generalitat se ha visto obligada a depositar 300 millones de pesetas en el juzgado para hacer frente a las letras que ha reclamado el Arab Bank. Lagier, según fuentes de la Generalitat, se ha comprometido ante el juez a no poner en circulación más efectos comerciales. Las mismas fuentes sueñan con la posibilidad de que el empresario francés incumpla su palabra.

Pero la duda pendiente sigue siendo la misma. Si era tan fácil esconder un agujero de mil millones de pesetas, como explicó Zaplana ante la representación soberana del pueblo valenciano, ¿qué pretendía ocultar la Generalitat cuando se querelló contra el último director del Ivex?