Enfrentamiento entre los detectives catalanes por las ayudas de Trabajo

Dos de los detectives con más predicamento social en Cataluña discuten en los tribunales de justicia acusaciones relativas a la gestión de las ayudas para la formación de parados que la Asociación Catalano-Balear de Detectives Privados recibió del Departamento de Trabajo y que provienen del Fondo Social Europeo. Hugo Sanmartín, ex presidente de la asociación, ha demandado a José María Vilamajó, candidato a presidente del futuro colegio, por injurias al acusarle públicamente de aprovecharse de los fondos recibidos de la Generalitat.

El 4 de junio del pasado año, los detectives de la Asociación Catalano-Balear de Detectives Privados celebraron una junta general extraordinaria en la que aprobaron el proceso de transición al futuro Colegio de Detectives Privados. Hugo Sanmartín, presidente saliente de la asociación, fue interpelado por José María Vilamajó, ex presidente de la entidad y candidato como Sanmartín a la presidencia del futuro colegio. Vilamajó afirmó que cuando él dejó la presidencia [26 de octubre de 1996] " había unos siete millones de pesetas en bancos. Con posterioridad se han organizado numerosos cursos de formación profesional financiados por la Comunidad Europea; se estiman unos ingresos previsibles complementarios de unos 30 millones de pesetas, y según las cuentas recibidas, en bancos había menos de esta suma", según recoge la oposición a la demanda que Vilamajó ha presentado ante el juzgado.Vilamajó añade: "Se sabe también que empleados de Hugo Sanmartín figuran como administrativos de los cursos de formación". Vilamajó refiere explícitamente el caso de la empleada administrativa Anabel Muñoz.

El pasado 15 de noviembre, Hugo Sanmartín interpuso demanda contra Vilamajó ante el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona. En ella le acusa de verter "injurias, calumnias e improperios" y le reclama daños y perjuicios por valor de cinco millones de pesetas.

Sanmartín afirma que Vilamajó le acusó de quedarse con el dinero que la Generalitat concede por introducir currículos en el Servicio Catalán de Empleo y de haber insinuado que su patrimonio tenía que ver con su gestión al frente de la asociación.

En la oposición a la demanda, Vilamajó anuncia que "intentará probar" que "algún empleado del despacho del señor Sanmartín ha figurado como profesor de los cursos y ha firmado recibos por percepción de cantidades". La oposición a la demanda añade que una ex empleada de Sanmartín "firmó recibos de servicios prestados a los cursos de formación, sin que percibiera el importe".

Vilamajó ganó la votación de aquella conflictiva junta general e impidió que la junta directiva saliente se convirtiera automáticamente en la comisión gestora del futuro colegio. Esa comisión está ahora presidida por Vilamajó, a la espera de que se celebren las elecciones para presidir el colegio.

Cinco alumnos de esos cursos denunciaron haber sido engañados ya que obtuvieron unos diplomas de auxiliar de detective, avalados por la Generalitat, cuando la nueva Ley de Seguridad Privada había abolido esta figura profesional. Los denunciantes aseguraban que el dinero de las ayudas (unos 11 millones ese año) se había despilfarrado.

Hugo Sanmartín admite que es un viejo militante de UDC y forma parte de la comisión de seguridad del partido democristiano, aunque puntualizó: "Eso no tiene nada que ver con las subvenciones a la asociación".