El Parlamento insta a las administraciones vascas a no contratar con empresas de trabajo temporal

El pleno del Parlamento vasco dio ayer un varapalo a las empresas de trabajo temporal (ETT). La Cámara instó a todas las administraciones públicas de Euskadi a que no contraten con ETT la cesión de trabajadores para realizar funciones que normalmente tienen que ser desempeñadas por personal de plantilla. Los partidos esgrimieron una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declara ilegal que los ayuntamientos contraten empleados a través de ETT, para justificar su apoyo a la proposición no de ley presentada por Unidad Alavesa.

El portavoz parlamentario de UA, Pablo Mosquera, fue el único que habló. El resto de partidos se limitó a asentir y a reformar la propuesta original de la formación foralista con un ligero retoque que no mermó su espíritu original. Según Mosquera, la sentencia del máximo tribunal vasco permite "poner orden en lo que se estaba convirtiendo en un vicio administrativo: quedaba en manos de terceros la selección de personal eventual". "Con este sentencia podemos y debemos cerrar la puerta a las ETT, que hacen negocio a costa del salario de los trabajadores. Al menos del sector público", señaló el líder de Unidad Alavesa. La sentencia del Tribunal Superior, hecha pública a mediados de diciembre, declara nulo de pleno derecho un acuerdo del Ayuntamiento de Erandio (Vizcaya) por el que éste cubrió la baja laboral de uno de sus funcionarios contratando a su sustituto a través de una ETT. El tribunal afirma que las administraciones no pueden dejar en manos de terceros la selección y contratación de trabajadores para ocupar puestos propios de personal de plantilla. Así, el fallo acepta la demanda que en su día presentó el sindicato LAB y recuerda que los procedimientos de contratación que pueden usar las entidades locales son exclusivamente los de concurso, oposición o concurso-oposición libre.

El sector de las empresas de trabajo temporal tachó el acuerdo del Parlamento de "discriminatorio". Para la directora comercial de Bicolan, que dispone de delegaciones en toda España, Ana Etxebarria, la proposición aprobada "da a entender que todas las ETT trabajan en precario y se dedican a explotar a sus trabajadores". "La actividad de las empresas de trabajo temporal está satanizada por la Administración, pero lo cierto es que las ETT son investigadas de forma exhaustiva cuando obtienen un contrato. A nadie le interesa tener de forma irregular a los trabajadores, por eso se cumple la normativa laboral a rajatabla", añadió. La patronal de las ETT aplazó hasta el lunes su respuesta.

Las ETT han firmado desde 1995 el 19% de los contratos registrados en el Inem en Euskadi. En la comunidad autónoma funcionan 69 empresas de estas características, que suponen tan sólo el 0,16% de las que existen en España. Sin embargo, las ETT vascas ocupan el tercer lugar en la clasificación española por volumen de negocio. Su actividad a menudo es el centro de las críticas de los sindicatos, que les acusan de ofrecer "mano de obra barata". El pasado mes de agosto entraron en vigor las modificaciones de la ley estatal sobre ETT. La nueva norma obliga a la equiparación salarial de los trabajadores cedidos con los de las empresas en las que prestan sus servicios.

Jóvenes trabajadores

La sesión plenaria de ayer también debatió sobre otra cuestión de carácter laboral: los problemas y abusos que sufren los jóvenes trabajadores en su primer contacto con el mundo laboral. Ni este punto ni el de las ETT suscitó una especial atención de los parlamentarios, a tenor del aspecto que ofrecía el hemiciclo durante el debate. Justo antes de hablar sobre estas cuestiones, se había discutido una proposición del PSE que pedía una condena del último atentado de ETA. Un total de 66 parlamentarios de los 75 posibles estuvieron presentes en ese punto. Sin embargo, a la hora de debatir sobre la calidad de los contratos de los jóvenes -un 33,7% de los vascos entre 16 y 24 años está en paro- había 18. El Partido Popular propuso la creación de una Oficina de Defensa del Joven Trabajador. Su misión sería proteger a este colectivo de los abusos a los que se ve sometido por su inexperiencia. La iniciativa fue rechazada con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna y EH. Los nacionalistas adujeron que ya existen instancias, como la Inspección de Trabajo, para velar por los intereses de todos los trabajadores.