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El comité de empresa teme la venta de L'Aliança tras la creación de sociedades anónimas gestoras

El comité de empresa del hospital Sagrat Cor, el centro más importante de la Quinta de Salud L'Aliança, censuró ayer la gestión económica y empresarial de la dirección de la mutua y mostró su preocupación por que se pueda producir "una sangrante especulación que conduzca a la desaparición de más puestos de trabajo". Todos los sindicatos, a excepción de UGT, denunciaron que los trabajadores hayan sido subrogados a una sociedad anónima y que este proceso sea el primer paso para facilitar la venta de la mutualidad, la más importante de Cataluña.

"El actual equipo de gobierno no nos ofrece ninguna garantía y este comité está por la consolidación de L'Aliança de una vez por todas, su definición en el panorama sanitario y por supuesto por la consolidación de los puestos de trabajo". Así se expresaron ayer los representantes de los trabajadores del hospital de Sagrat Cor -CC OO, el sindicato médico Amic y USOC- en un comunicado en el que salían al paso de las especulaciones de los últimos días sobre el futuro de la mutua, que tiene más de 200.000 socios.En opinión de los sindicatos, "la transparencia en la gestión durante el año 1999 no ha existido" y, además, se han adoptado decisiones muy importantes que no han sido debatidas ni consensuadas. En este sentido, los sindicatos denuncian que se haya creado una sociedad anónima, CARSA (Centros Asistenciales Reunidos) para gestionar la asistencia de los hospitales de la mutua, a la que se subrogó el personal asistencial que dependía de la entidad -1.747 personas- en tan sólo seis días desde que se comunicó a los trabajadores. Esa sociedad se ha sumado a otras dos formadas en los últimos meses: Gestión de Centros Sanitarios SA (Gecesa) y Siasa.

"Una cosa es una mutua, que se rige por la ley de mutualidades y que pertenece a los socios, y otra muy distinta una sociedad anónima", denuncian los sindicatos, para quienes esa conversión de la entidad en sociedades anónimas podría ser el primer paso para vender L'Aliança por partes. En este sentido, los sindicatos denuncian que el director general de la mutua, Ramon Carranza, y otros cargos directivos sean también los que ostenten los cargos de dirección en esas sociedades anónimas. La totalidad del capital de esas sociedades pertenece a L'Aliança. Por ese motivo, los sindicatos reclaman a la Administración que fiscalice todas estas operaciones y que, si es necesario, L'Aliança sea intervenida por la Generalitat "siempre que sea para consolidar los puestos de trabajo y los hospitales".

La discrepancia de UGT

UGT mantiene sin embargo una postura discrepante del resto de los sindicatos y se opone a la intervención al considerar que no está justificada por la situación económica de la mutua, ni por que se hayan podido producir ilegalidades en la gestión. "Que estemos en contra de la intervención no quiere decir que estemos a favor de la actual dirección", aseguró ayer Ciriaco Hidalgo, secretario de política institucional de UGT y representante de este sindicato en el Consejo de Administración de la entidad. En su opinión, el proceso de filialización que se ha producido en los últimos meses era una de las cinco condiciones del plan de viabilidad firmado y aceptado por los sindicatos el 22 de diciembre de 1998, cuando la Generalitat levantó las medidas cautelares tras haber sido intervenida la mutua.

Mientras tanto, el Departamento de Economía de la Generalitat ha finalizado ya la inspección a L'Aliança y dentro de unos días hará público su informe, después de las denuncias presentadas por el ex letrado asesor José Félix Alonso-Cuevillas y por Josep Geli, ex presidente del Consejo de Administracíón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de enero de 2000

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