Dichosa ley

Los intensos cambios económicos de los dos últimos decenios han colocado a Andalucía en mejor posición en el conjunto español. La pertenencia a la UE ha sido un hecho definitivo. Nuestro peculiar "modelo económico castizo" ha dado paso a una forma de vida más cerca de Europa, aunque nos quede todavía mucho por caminar. Desde esta perspectiva, la iniciativa más importante que ha debatido el Parlamento andaluz esta legislatura, que ahora acaba, ha sido la ley de Cajas de Ahorro. Posiblemente el proyecto inicial era bastante más ambicioso y coherente que el resultado final, fruto de los diversos acuerdos y consensos políticos.Ya a lo largo del pasado año se dejaron oír -y con bastante fuerza- voces en contra de la propuesta de adecuar el sistema financiero de cajas andaluzas a una nueva realidad política y económica. Básicamente, la oposición al proyecto vino de diversos núcleos de la derecha de cada provincia, de la cúspide empresarial andaluza y de dirigentes de las actuales cajas, bastantes de ellos militantes del PSOE. Salvando las diferencias, todas esas "oposiciones" venían a negar el espíritu del proyecto del Gobierno andaluz: configurar un esquema de una gran caja andaluza, capaz de superar los ámbitos provinciales y de afrontar con fuerza la competencia de otras instituciones financieras que se expanden por Andalucía. La estampa más castiza de aquellas posiciones fue la manifestación cordobesa del pasado otoño, presidida por parte del Cabildo Catedralicio de aquella ciudad. Pero no ha sido la única.

Desde otras trincheras, las últimas declaraciones del presidente de El Monte de Sevilla alimentan las concepciones provinciales frente a la de una única institución andaluza que refuerce y profundice el papel de la Comunidad. Finalmente, la decisión del Gobierno de Aznar de denunciar ante el Tribunal Constitucional la ley pone la puntilla a toda esta serie de despropósitos de los últimos meses tendentes a impedir el objetivo de democratizar, racionalizar, simplificar y potenciar el sistema financiero autonómico. El problema no está en el PP ni en el Constitucional, que creo que avalará la actual ley. El obstáculo más difícil reside en las resistencias provinciales de la propia casa...de Chaves.

JAVIER ARISTU