Crimen y política

Los terroristas no amenazan en vano. Después de varios intentos fallidos por la interposición de las fuerzas de seguridad, ETA asesinó ayer mediante un coche bomba a un peatón al que probablemente habían seguido durante meses: el teniente coronel Pedro Antonio Blanco, de 47 años, casado y padre de dos hijos. Es la primera víctima desde el asesinato del concejal Zamarreño, hace 18 meses. Si todos los crímenes tienen un coste para quien los comete, el de ayer tendrá consecuencias políticas aún más graves para quienes lo ordenaron y para la causa que invocan.El lehendakari Ibarretxe anunció que deja en suspenso el acuerdo de legislatura con Euskal Herritarrok, la marca electoral de HB, mientras esta formación no condene de manera inequívoca el asesinato; algo que no fue capaz de hacer su portavoz, Arnaldo Otegi, lo que cuestiona la autonomía de su partido y la voluntad de hacer política por medios exclusivamente pacíficos y democráticos que le atribuyeron sus valedores. El asesinato deja también en situación desairada a sus socios de Lizarra: en aras de la unidad nacionalista, que consideraron condición para integrar al mundo radical, el PNV y EA subieron al tejado soberanista ocupado por los radicales; una vez arriba, ETA les ha retirado la escalera.

La responsabilidad íntegra de este crimen es de ETA. La dirección de la banda justificó el fin del alto el fuego por la tibieza de los demás nacionalistas en el cumplimiento de sus compromisos de 1998. Pero ni siquiera esperó a conocer la propuesta soberanista que había anunciado el portavoz del PNV en respuesta a las amonestaciones del anterior comunicado de ETA. Seguramente sus jefes tenían ya tomada la decisión de romper la tregua.

En uno de los papeles difundidos por ETA al anunciar el fin de la tregua consta que ésta no sería indefinida, como se decía en el comunicado público, sino de cuatro meses, transcurridos los cuales se verificaría el grado de cumplimiento del "proceso". Proceso que no era de pacificación (de "paz sin contenidos", escribieron), sino de "construcción nacional", es decir, de aceptación por los demás de su programa independentista. La continuidad del alto el fuego dependía de que pudieran conseguir sin armas lo mismo que pretendían con ellas. Cuando las elecciones de junio pusieron de manifiesto que eso no era posible, rompieron.

El nacionalismo se vio atrapado en un dilema moral que le llevó a deslizarse por la pendiente de las concesiones a ETA en un intento de convencerles de que volver a matar era lo peor para sus propios intereses. Las concesiones fueron muy importantes: cuestionamiento del Estatuto de Gernika, ruptura de los pactos con fuerzas no nacionalistas, salida del grupo democratacristiano del Parlamento Europeo, tolerancia de hecho ante la violencia callejera, aprobación en Asamblea Nacional de un nuevo planteamiento ideológico y político en clave de autodeterminación y territorialidad, participación en la alternativa institucional de HB, la llamada Udalbiltza (Asamblea de Electos).

Sobre esto último, Arzalluz dijo en septiembre, con más sinceridad que otros dirigentes, que se trataba de "apoyar una iniciativa del MLNV para ayudarles a salir del atolladero de la violencia y a hacer su entrada en la política". Pero ya se ha visto que, lejos de tomarlo como una oportunidad para dejarlo, esas concesiones reafirmaron en el ámbito encapuchado de decisión la convicción de que si forzaban la mano un poco más podían conseguir la independencia casi de inmediato. Y como el PNV se negó a la estrambótica propuesta de convocar elecciones constituyentes en régimen de circunscripción única en Euskadi, Navarra y País Vasco francés, y a secundar su boicot activo a las legislativas, pasaron a considerar semitraidores a los hasta entonces semipatriotas del PNV y EA.

La estrategia de pacificación seguida por estos partidos ha fracasado, y resulta casi sarcástico escuchar que, pese a todo, "el proceso es irreversible". Lo único irreversible es la muerte del teniente coronel. No es cierto, como pretendió ayer Otegi, que todos los políticos sean responsables por no haber sabido evitar este desenlace. Lo son quienes han matado, y se convierten en cómplices quienes lamentan esa muerte, pero se niegan a admitir que no hay causa alguna que la justifique. No es el caso del nacionalismo democrático. Pero su error no ha sido sólo de ingenuidad, sino de arrogancia: la de embarcarse en una aventura dudosa que excluía de entrada a la mitad de la población. El PNV se encuentra en una situación de difícil marcha atrás. Razón de más para decirle claramente que no puede seguir en la actitud de no creerse que pueda ocurrir lo que ya ha ocurrido. Si no rompe ahora los lazos ideológicos anudados con el nacionalismo no democrático, éstos se convertirán en lazos de sangre. Y su suerte quedará uncida a la de ETA.