Los gobiernos vasco y central cierran el acuerdo para retirar un centenar de recursos a normas fiscales

La guerra sobre el Concierto Económico abierta entre la Administración central y las diputaciones forales ha llegado a su fin. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabietia, y el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, firmarán hoy en Vitoria la paz fiscal, tras seis meses de negociación. Los gobiernos central y vasco retirarán 101 recursos de distinto orden a normas forales y las haciendas de las tres diputaciones suprimirán antes de fin de año la normativa más conflictiva, la relativa a las empresas de nueva creación (minivacaciones fiscales, crédito fiscal del 45% y centros de coordinación tributaria).

El acuerdo, negociado entre el Gobierno vasco y el central bajo la atenta mirada de las diputaciones forales, órganos que tienen en Euskadi las competencias en materia de Hacienda, ha costado seis meses y entra de lleno en los puntos claves del conflicto: las normas fiscales que afectaban directamente a las empresas de nueva implantación en el País Vasco y los recursos judiciales subsiguientes. Ambas partes, manteniendo el espíritu del Concierto como pacto, han cedido. El acuerdo quiere además parar la dimensión internacional que ha tomado el enfrentamiento una vez que un recurso a una norma sobre minivacaciones fiscales diera lugar a una consulta ante el Tribunal Superior de las Comunidades Europeas y la UE haya abierto un expediente a los incentivos vascos a la inversión.El pacto supondrá que el Gobierno central retire un total de 75 recursos judiciales vivos y las diputaciones otros 26 de casación contra sentencias anteriores contrarias a sus intereses. Estos litigios afectan a un total de 87 normas y disposiciones fiscales sobre el Impuesto de Sociedades, cuyo tipo es del 32,5% frente al 35% en territorio común; del IRPF respecto al pago a cuenta de no residentes, o de incentivos a la inversión. El recurso más antiguo data de 1990 y se refiere a una norma de actualización de balances.

El fin de las "minivacaciones"

El Gobierno vasco, en nombre de las diputaciones, se compromete a derogar la normativa más criticada, la referente a las empresas de nueva instalación. Parte de esta normativa se venía aprobando año a año ligada a la aprobación del presupuesto de cada territorio, de forma que las sentencias llegaban siempre sobre normas ya derogadas. El acuerdo supone así el fin de las llamadas minivacaciones fiscales que se aplicaron por vez primera en 1996. Antes vinieron precedidas por las vacaciones fiscales que tenían una duración de diez años.

Las minivacaciones suponen una rebaja del 99% en el Impuesto de Sociedades el primer año, del 75% el segundo año, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Esta normativa se aplicaba a las empresas que desembolsaran un capital mínimo de 20 millones de pesetas, inviertiesen en los dos primeros años 80 millones en activos materiales fijos, creasen 10 puestos de trabajo como mínimo y no estuviesen sujetas al régimen de transparencia fiscal o naciesen fruto de una fusión o absorción.

Las diputaciones también retirarán el crédito fiscal del 45% para las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas. Esta norma no estaba ya vigente en Álava porque va ligada a los presupuestos que han debido ser prorrogados ya que la Diputación, en manos del PP no ha logrado apoyos a sus cuentas. Esta norma era una de las más conflictivas y criticadas tanto por la Administración central como por la UE y las comunidades autónomas limítrofes al País Vasco.

El último esfuerzo que se exige a las diputaciones es la retirada de los centros de coordinación tributaria, una figura que buscaba la instalación de las cabeceras de grandes multinacionales en Euskadi gracias a una rebaja fiscal. Esta figura, reflejada en el Impuesto de Sociedades, fue criticada y recurrida desde el principio por el Estado.

El acuerdo, en definitiva, busca terminar con el enfrentamiento y la judicialización del Concierto. Así, se pone en marcha una comisión de evaluación formada paritariamente por el Gobierno central y las administraciones vascas en la que se discutirá la normativa fiscal de ambas partes y se limarán asperezas antes de su entrada en vigor. Además, las partes se comprometen a defender el Concierto tanto fuera como dentro de España. Este punto del acuerdo supone que el Gobierno central defienda el Concierto y el pacto alcanzado ante otras comunidades autónomas que tienen recurridas normas fiscales vascas y ante las instancias europeas.

Fuera del acuerdo

Fuera del texto se han quedado dos aspectos que defendía la Hacienda del Estado y que para las diputaciones forales suponían una trasgresión del propio Concierto. Por un lado, quería establecer una horquilla que limitara la diferencia en los tipos impositivos y, por otra, deseaba terminar con la diferencia existente en el plazo de prescripción tributaria, que en territorio común es de cinco años, por tres en Vizcaya y cuatro en Guipúzcoa y Álava.

Para la firma del acuerdo se ha aprovechado una reunión de la comisión mixta del Cupo, que estará presidida por Rodrigo Rato, acompañado por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y por la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia.

La patronal vasca, Confebask, cree que el acuerdo alcanzado supone una "extraordinaria" noticia, entre otras razones, por la "normalización" de las relaciones que se alcanza entre ambas administraciones.