El Gobierno omitió datos en un informe a Bruselas sobre las ayudas a las eléctricas

El Ministerio de Industria no incluyó todos los datos del sector eléctrico en un informe complementario enviado a Bruselas para justificar los 1,3 billones de pesetas en ayudas pactados con las compañías del sector en septiembre de 1998. En concreto, en las fichas explicativas donde se detallan los denominados costes de transición a la competencia (CTC) de instalaciones nucleares, del carbón y de fuel-gas, no figura la producción de dos centrales nucleares, entre otras instalaciones. Industria sostiene que no las incluyó porque ya están amortizadas.

Las centrales en cuestión son Santa María de Garoña y José Cabrera (626 megavatios de potencia). Tampoco está incluida toda la producción generada con carbón (faltan 2.479 megavatios de potencia instalada), fuel-gas (no se incluyen 6.111 megavatios) e hidroléctrica (no figuran 16.532 megavatios).La ausencia de datos sobre producción hidroléctrica fue detectada en noviembre por los servicios de la Comisión Europea, que exigió a Industria, mediante una carta, información complementaria. La ausencia de datos se debe a que el Gobierno, en sus cálculos de ayudas, excluye las instalaciones que, estando en explotación, están ya amortizadas, según explicaron ayer fuentes del Ministerio. "Así se comunicó a los servicios de la Comisión Europea", aseguraron las fuentes. Bruselas sigue estudiando el tema y se espera una resolución a finales de enero o principios de febrero.

Bruselas ha contratado un consultor independiente, cuyo nombre permanece en secreto, para examinar los CTC comprometidos por el Gobierno español con el sector eléctrico. El pasado año, en una primera aproximación, los servicios de la Competencia de la Comisión Europea determinaron que los CTC eran ayudas de Estado encubiertas y como tales tenían que ser discutidos y tramitados. La decisión de Bruselas provocó una demanda del Gobierno ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

Las lagunas de información en el apartado nuclear, hidráulico, de carbón y de fuel gas, están de alguna forma presentes en los requerimientos efectuados por la Comisión Europea al Gobierno. Ya en noviembre, Bruselas, además de solicitar información complementaria sobre la producción eléctrica de origen hidroléctrico, exigía a Industria que detallara la fecha de entrada en servicio de todas las centrales de más de 300 megawatios de potencia; cuánto duró su construcción; el valor de la inversión que realizaron las empresas propietarias, antes y después de la amortización; cuánto invierten en mantenimiento y cuántas horas anuales funcionan.

La no inclusión de datos de instalaciones ya amortizadas tiene mucha trascendencia. Y ello porque los ingresos de estas instalaciones son "limpios", ya que los costes han sido recuperados. Al no figurar en los informes, se elimina de los cáculos de CTC una variable que podría reducir considerablemente el cálculo de unas ayudas que se traducen para el consumidor en el 4,5% de la factura que paga a las compañías.

Ciertas contradicciones

Los expertos consultados observan, además, en la documentación remitida a Bruselas por el Ministerio de Industria algunos hechos "curiosos" o "contradictorios". Así por ejemplo, cuando Industria detalla los costes variables en que incurren las instalaciones de bombeo de agua de las hidroeléctricas, recoge que ese coste es de 9,71 pesetas por kilowatio (5,21 pesetas por instalación y mantenimiento y 4,50 pesetas por el valor de compra del agua utilizada). El coste total de las inversiones en turbinas de gas para producir electricidad oscila entre 5,5 y seis pesetas. Por ello, aseguran las mismas fuentes, si los precios que estima Industria fueran correctos, la única decisión empresarial coherente sería la parada de las instalaciones más caras para ahorrar los costes de operación y mantenimiento, algo que no hacen.

Otro aspecto curioso de la información "oficial" es que, al no considerar instalaciones amortizadas, ni su producción, Bruselas podría concluir que España no es capaz de satisfacer la demanda anual de energía eléctrica, cuando la realidad es que existe sobrecapacidad generadora.