La nueva ley protege a los "extracomunitarios"

En Italia hay un millón de inmigrantes regulares, es decir, con un permiso de trabajo. La legislación permite legalmente la entrada de un determinado cupo de trabajadores al año -el año pasado fue de 38.000-, siempre que lleguen reclamados por empresarios que estén dispuestos a firmar un contrato laboral en regla.Estos extracomunitarios, como se les conoce en este país, están obligados a inscribirse en el Servicio Sanitario Nacional, donde reciben las mismas prestaciones que los italianos. De igual manera, tienen derecho a enviar a sus hijos a las escuelas estatales, aunque la posibilidad de obtener una vivienda de protección oficial requiere años de residencia.

El problema se plantea en el caso de los extracomunitarios que viven de forma ilegal en el país, y que constituyen un ejército de no menos de 300.000 personas. Dentro de este grupo hay que matizar la situación de los niños, que tienen garantizada la atención médica desde la adhesión de Italia a la Convención de los Derechos del Muchacho, de 1989. También las mujeres embarazadas y los enfermos contagiosos gozan de esta protección sanitaria general por razones obvias.

Para el resto de los extranjeros sin papeles, la nueva ley de inmigración de marzo de 1997 prevé una atención médica en casos de urgencia hospitalaria o ambulatoria.

Para evitar que este ejército de ilegales pase a engrosar las filas de los trabajadores de economía sumergida, periódicamente, las autoridades italianas ofrecen a los ilegales que llevan un determinado tiempo residiendo en el país la posibilidad de regularizar su situación presentándose en comisaría con sus documentos y cualquier papel que atestigüe que trabajan o están a punto de hacerlo. De esto modo, en 1995 se regularizó la situación de casi 200.000 extranjeros y otros tantos en 1999.