Precisiones

En uno de los editoriales del diario del pasado 11 de enero, bajo el título Atlético de Gil, se contienen valoraciones que, en la medida en que pueden conducir a confusión a la opinión pública, precisan de las siguientes aclaraciones.Por una parte, se plantea como hipótesis, para hallar una explicación a la actuación procesal contra los administradores del Club Atlético de Madrid, que aquélla pueda responder a "que hay una operación para acabar con Gil". Más adelante se dice, atribuyéndolo a las "vías de defensa" de los afectados por esa investigación, que "detrás del asunto hay una venganza del Gobierno por la ampliación del campo de actuación política de Gil". Y, finalmente, concluye el editorial que "es, en teoría, posible, pero cuesta creer que la Fiscalía Anticorrupción actúe siguiendo órdenes de Aznar".

En primer lugar debe saberse que la Fiscalía Especial no es más que una parte, ciertamente relevante, en el proceso penal en cuanto formuló en su día la querella y está impulsando el proceso, pero más relevante aún es la actuación del instructor que, entre otras decisiones, adoptó el acuerdo de la administración judicial del club.

En segundo lugar, la acción de la Fiscalía Especial contra don Jesús Gil y Gil se remonta a bastante tiempo atrás, exactamente 1996, cuando comenzó la investigación sobre el caso Sermosa, del que finalmente conoce el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, habiendo posteriormente interpuesto querella ante los juzgados de instrucción de Marbella el 13 de octubre de 1998. Siempre lo ha hecho de oficio, y bajo su propia y exclusiva responsabilidad.

Pero lo que resulta preocupante y grave, máxime desde un editorial de un diario tan prestigioso como el que usted dirige, es que se admita que "en teoría", la Fiscalía Especial puede actuar en este asunto bajo las órdenes del Gobierno y de su presidente. Ello no es admisible bajo ningún concepto, dado que admitir tal eventuali dad significa que ambos, el Gobierno que diera la orden y el fiscal que la aceptase, incurrirían en una manifiesta ilegalidad. En efecto, resulta obvio reiterar, pero parece necesario, que la Fiscalía Especial, como el conjunto del ministerio fiscal, actúa en todos los asuntos en que interviene en el ejercicio plenamente autónomo de sus competencias bajo los principios de legalidad, de objetividad y de imparcialidad.

En todo caso, debe quedar constancia pública de que la Fiscalía Especial, en las diligencias y procedimientos relativos a don Jesús Gil y Gil, no ha recibido ninguna clase de instrucción del Gobierno. Es más, tampoco del fiscal general del Estado, sin perjuicio de que las iniciativas penales emprendidas por la fiscalía en este ámbito han sido siempre sometidas, por exigencia legal, a su previa aprobación.

Por otra parte, la posibilidad de que el Gobierno, cualquiera que fuera su signo político, pudiera dictar órdenes o instrucciones al ministerio fiscal, y en particular a la Fiscalía Especial, era propia del modelo franquista, pero radicalmente incompatible con el ministerio fiscal constitucional y que se dibuja en la Unión Europea. Cuando el ministerio fiscal y la Fiscalía Especial se enfrentan a la delincuencia económica y a los delitos de corrupción, que se mueven en el entorno del poder político y económico, está más obligado, si cabe, a responder a los principios y deberes constitucionales para hacer realidad el valor justicia que proclama la Constitución. La respuesta ante dicha delincuencia exige más que respecto a cualquier otra la autonomía proclamada por la Constitución frente a cualquier clase de intereses de grupos de presión, de los partidos políticos y del propio Gobierno.

Por todo ello, entendemos que se presta un flaco favor a la sociedad y a los ciudadanos haciendo afirmaciones que de forma más o menos sutil siembran la duda sobre la independencia del ministerio fiscal y de la Fiscalía Anticorrupción, que desde su constitución está actuando al margen de cualquier "razón política" y con una fidelidad notoria a los principios de 1egalidad y de imparcialidad y de servicio a la ciudadanía, como forma de contribuir a la consolidación del Estado de Derecho.- Carlos Jiménez Villarejo. Fiscal jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Madrid.