El Tribunal de Versalles confirma que Chirac "no es penalmente responsable" durante su mandato

Por abundantes que sean los indicios que le implican en la financiación ilegal de su partido, el RPR, el jefe de Estado francés, Jacques Chirac, está blindado contra toda acción judicial, fuera del alcance de los magistrados que se empeñan en remover los asuntos de empleos ficticios creados con dinero público y de las "contribuciones" de las empresas a la causa gaullista. El Tribunal de Apelación de Versalles dijo ayer que, según la Constitución, el jefe de Estado es "penalmente irresponsable" y sólo puede ser enjuiciado por el Alto Tribunal de Justicia y por el supuesto de "alta traición" a la patria.

La justicia, eso sí, podrá perseguir a Chirac cuando finalice su mandato de jefe de Estado. Todo un consuelo para aquellos que pretenden expurgar el turbio pasado de la vida política francesa. Un acicate muy poderoso para un presidente que pretende renovarse en el cargo por otros siete años más y que pelea con su futuro contrincante, el primer ministro, Lionel Jospin, como si las elecciones, previstas para 2002, estuvieran ya a la vista. Contra el argumento fiscal que suponía que la incompatibilidad declarada por el juez "interrumpía el curso de la justicia" durante el mandado de Chirac, el Tribunal de Apelación ha ratificado las competencias del juez instructor para seguir investigando a las 28 personas ya procesadas, entre las que se encuentra el ex primer ministro Alain Juppé y tres antiguos tesoreros del RPR (Reagrupamiento de la República). El voluntarioso militante ecologista Pierre-Alain Brossault, que apeló al tribunal de Versalles reclamando el procesamiento del presidente de la República, ha perdido, pues, la batalla judicial, pero ha colocado a Chirac en una situación política pintoresca. Brossault ya había obtenido una respuesta negativa similar del juez Patrick Desmure, quien instruye los casos de empleos ficticios producidos en la alcaldía de París y en otros organismos públicos en la época en la que Jacques Chirac reunía en su persona los cargos de alcalde de la capital (fue su regidor durante 18 años) y de presidente del RPR.

Pese a declararse incompetente para interpelar a la máxima autoridad de la República, el juez escribió que existían indicios contra Chirac en los casos de "encubrimiento de abuso de bienes sociales" y de "toma ilegal de intereses". Con anterioridad, el Consejo Constitucional francés, que preside teóricamente Roland Dumas, procesado en el asunto de la venta de fragatas a Taiwan y hoy en vacaciones indefinidas, había ya puesto de relieve esa "irresponsabilidad penal".

Las sospechas e indicios contra el hoy presidente de la República adquirieron un tono clamoroso en marzo del pasado año, con el descubrimiento en los archivos de la alcaldía de la capital de una carta de 1993, firmada de puño y letra por Chirac. Esa carta viene a mostrar que el entonces alcalde estaba perfectamente al tanto del sistema de pagar con dinero de la municipalidad los salarios de los militantes del RPR que trabajaban para el partido.