Lagier prueba ante el juez que el agujero del Ivex se arrastraba desde el contrato con Ford en 1995. El fiscal dice que la querella del Ivex aporta datos "muy parcos, pequeños y un poquito sesgados"

Jean Luc Lagier, el empresario francés acusado por la Generalitat de generar un quebranto de 1.049 millones al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), probó ayer documentalmente en el juzgado que sus empresas están activas, que las operaciones entre éstas que generaron el agujero denunciado existieron y que el desfase económico investigado se abrió en 1995, y no tres años más tarde. Lagier desmintió frontalmente la versión de la Generalitat y a los actuales gestores del Ivex. El fiscal encargado del caso, Julio Bruzón, ratificó parcialmente, al término de su comparecencia, la mayoría de sus tesis.

Lagier, propietario y responsable de las sociedades Sonotube y Graficom, prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia durante más de ocho horas. Apoyado por una copiosa documentación, negó rotundamente cualquier ardid -en connivencia con el ex director del Ivex, José María Tabares- para desviar fondos de la empresa de la Generalitat en su beneficio o el de sus empresas.Al contrario, insistió en que sus compañías trabajaron en todo momento con el Ivex teniendo un solo objetivo: respetar el contrato suscrito con la empresa pública y generar derechos de compensación para Ford, cuya planta de Almussafes estaba interesada en exportar vehículos a Túnez. Sonotube, la empresa de productos metalmecánicos que ha venido generando los mencionados derechos, tiene su sede en ese país magrebí.

Lagier explicó, apoyado en documentos, algunos de los pormenores de la operación denunciada. Según el empresario francés -y en contra de lo expuesto por la actual directora del Ivex, Carmen de Miguel- el agujero de la sociedad pública se generó entre 1995 y 1996. En ese periodo, tal como explicó Tabares el 15 de diciembre, el Ivex contrajo una deuda de 550 millones con el Arab Bank, la entidad que financió la compra de productos a Sonotube para crear derechos de compensación.

Con el objetivo de saldar esa deuda y seguir facilitando las operaciones de Ford, Lagier y Tabares, con el consentimiento y conocimiento del consejo de administración del Ivex, acordaron la continuación de las operaciones. La empresa pública se comprometió a seguir facilitando la exportación a la Unión Europea de productos tunecinos, precisamente, los fabricados por Sonotube.

Según el abogado de Lagier, Manuel Delgado, los problemas surgieron -y con ellos la ejecución de los avales bancarios por valor de 1.049 millones- cuando el Ivex se negó a reconocer, por razones que nadie ha podido explicar, la existencia de los acuerdos. Delgado aseguró que su cliente apuntaló su declaración con varios documentos que, paradójicamente, el Ivex no adjuntó a su querella ni aportó posteriormente.

El fiscal, también en contradicción con De Miguel, apoyó parte de las tesis de Lagier. Sus empresas estaban activas y las operaciones téoricamente "ficticias", según la directora de la empresa de la Generalitat, existieron.

El representante del ministerio público no reclamó ninguna medida cautelar contra Lagier. Al contrario, aún de manera prudente y anunciando la práctica de nuevas investigaciones, aseguró que Lagier ejecutó los avales bancarios que han generado el agujero de 1.049 millones "con el pensamiento de cumplir un contrato en beneficio de Ford". "No me consta", añadió Bruzón, "que se hayan desviado recursos" de la Generalitat a Lagier o Tabares, los dos imputados en la causa.

El fiscal reconoció al término de la declaración que las operaciones entre Sonotube y Graficom, al menos muchas de las transacciones entre ellas, no fueron ficticias. "Si que existieron", aseguró, para añadir que, a la luz de la documentación aportada al sumario, ambas empresas son operativas y que "en algunos casos el libramiento de las letras estaba justificado". La querella del Ivex, que intenta demostrar que Tabares intentó financiar con fondos públicos el grupo de empresas del francés, sostiene lo contrario.

Sin indicios de delito

Bruzón fue contundente al respecto. En opinión del jurista encargado de defender el interés público, la denuncia impulsada por la Generalitat aporta "datos muy parcos, pequeños y un poquito sesgados". "No digo que intencionadamente, a lo mejor por las prisas faltaba acompañarlos por documentación", añadió inmediatamente el fiscal. Éste, en cualquier caso, refrendó el primer argumento de Lagier al destacar que la investigación del agujero económico no se circunscribe a la última parte del mandato de Tabares, sino que nace en 1995, cuando éste no había sido aupado a la dirección de la empresa pública.

En cualquier caso, el representante de la acusación pública aseguró que, ahora, se debe estudiar la documentación aportada ayer por el propio Lagier, que presentó papeles "de los que no se tenía conocimiento hasta el día de hoy " y que, según añadió, también podría "tenerlos el IVEX". La querella fue presentada el pasado 16 de noviembre con escaso soporte documental, por lo que el juez encargado del caso, Vicente Ríos, solicitó varias aclaraciones. El magistrado insistió en su petición ante la falta de respuesta de la institución querellante.

El fiscal, reconociendo que la investigación no ha hecho sino comenzar, aseguró que no se han detectado indicios de delito, por lo que no descarta que las operaciones denunciadas por la Generalitat fueran legales. Destacó, eso sí, que Lagier negó la comisión de cualquier irregularidad, mucho más la existencia del delito societario que los abogados del Ivex -en este caso, un equipo del despacho de Garrigues & Andersen- le imputan.

La versión de los hechos facilitada ayer por Lagier contrasta poderosamente -hasta se contradice en muchos puntos- con la ofrecida por la actual responsable del Ivex, Carmen de Miguel, a la hora de explicar el agujero creado en la empresa pública y justificar la querella presentada contra Tabares y el propietario de Graficom y Sonotube.

Así, De Miguel aseguró el pasado 17 de noviembre -un día después de presentar la denuncia- que Sonotube carecía de actividad alguna, que no hubo venta o intercambio comercial alguno entre esta compañía y Graficom y que Lagier había utilizado los 1.049 millones de pesetas supuestamente defraudados para saldar deudas pendientes y sufragar algunas inversiones.

Petición de Ford

La actual directora del Ivex también aseguró que ni los servicios administrativos ni el consejo de administración de la empresa pública tenían constancia alguna de las operaciones realizadas. Sin entrar a valorar la información dada por Tabares a sus superiores o subordinados, Lagier aseguró que la relación mercantil puesta en entredicho se hizo en condiciones de total transparencia.

En esa línea, insistió en que su solvencia y reputación han sido las que le han permitido trabajar directamente con empresas tan poderosas como Ford. La multinacional del automóvil fue la que puso en contacto al Ivex -antes de que Tabares lo dirigiera- y a Lagier. Y el gigante del automóvil fue quien insistió, casi hasta que estallara el escándalo, en la generación de los derechos. "Existe una amplia documentación de requerimientos de Ford para que se siguiesen girando y generando derechos de compensación incluso en las fechas inmediatamente anteriores a la presentación de la querella", aseguró ayer Delgado.